“España se tiene que fajar mucho para mantener la ayudas agrarias”

Catalina de miguel garcía

24 feb 2020 / 10:22 H.

Muy cerca del Parlamento Europeo, a la vuelta de la Plaza Luxemburgo, se encuentra la Oficina de la Junta de Andalucía en Bruselas. Es algo parecido a una embajada de las ocho provincias en el corazón del Viejo Continente. Es la guardiana de los asuntos que conciernen a los andaluces, algo parecido a un radar que detecta lo bueno y lo malo que se cuece en un lugar cuya legislación afecta de lleno a los españoles. Catalina de Miguel García (Cádiz, 1967) es la delegada. Además de ser la cara visible de Andalucía en Bruselas, se convierte en una amiga para todos los paisanos que necesitan que alguien les oriente en un país ajeno. El edificio en el que trabaja es la “casa” de sevillanos, onubenses, gaditanos, malagueños, granadinos, cordobeses, almerienses y, por supuesto, jiennenses.

—¿Qué hace la Junta de Andalucía en Bruselas?

—Esta oficina existe desde hace mucho tiempo, pero ha tenido diferentes formas jurídicas. Las funciones de esta oficina de la Junta de Andalucía vienen establecidas tanto en el Estatuto de Autonomía como en un decreto de 1995 mediante el que se crea, oficialmente, esta delegación. Se trata de un órgano administrativo de representación, defensa y promoción de los intereses de la Administración andaluza ante las instituciones y órganos de la misma, tanto para recabar información como para establecer mecanismos de acción y coordinación.

—¿Esto qué quiere decir?

—Quiere decir que es un “lobby” público, una oficina de representación que recaba información en Bruselas de todo lo que pueda afectar a los andaluces. Hay una coordinación muy buena entre las oficinas de todas las comunidades autónomas porque, al fin y al cabo, la mayoría de los intereses son comunes, aunque cada uno barre para casa, pero tenemos una magnífica colaboración entre todas las oficinas, y se trata de estar muy pendientes y hacer de enlace de información y acciones, vertical y recíprocamente. Dependemos, directamente, de la Consejería de Presidencia, a través de la Secretaría General de Acción Exterior, que es la que lo coordina. Es un paraguas que afecta a todas las consejerías, porque aquí se tratan temas de agricultura, medio ambiente, asuntos sociales, deporte, etcétera. Todo lo que se cuece en el ecosistema de Bruselas estamos con el radar puesto para elaborar una estrategia de actuaciones, y viceversa, porque el ochenta por ciento de la legislación procede de aquí.

—¿Por eso hay tantas visitas de representantes autonómicos al corazón de Europa?

—Efectivamente, el presidente ha venido dos veces, también la consejera de Asuntos Sociales, el de Presidencia dos veces, la de Agricultura otras dos, el de Economía... Tenemos mucha actividad y esas agendas se coordinan también aquí.

—¿Una especie de embajada?

—Efectivamente, una “especie”, porque la competencia en materia de exteriores es exclusiva del Estado, pero hay una sentencia del Tribunal Constitucional de 1994 que reconoció a la comunidad autónoma su competencia directa en muchos de los temas que se debaten en Bruselas. No somos embajadas, pero sí delegaciones para defender los intereses de las regiones en los asuntos que se dirimen en la Unión Europea.

—Sirva de ejemplo el aceite de oliva. ¿Qué postura adopta la oficina que usted representa con vistas a la reforma de la llamada PAC?

—Hay que partir de la base de que las negociaciones no las lleva la comunidad autónoma, sino el Estado, pero nosotros tenemos resortes para estar enterados e intentar influir, de alguna manera, en las negociaciones para que los efectos sean lo más beneficiosos posibles. Yo siempre digo que mi principal clienta es la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, que estamos en perfecto hilo directo y muy pendientes del sector del aceite de oliva. Lo último, las licitaciones del almacenamiento privado, pero no solo eso, sino todo lo concerniente al sector de agrario en general.

—¿Qué pasará con la cuarta licitación, que está ya a la vuelta de la esquina?

—Yo creo que tiene que funcionar, pero de todas maneras es una solución coyuntural. El problema no es solo del aceite de oliva, sino del campo general. Tenemos ahora, por ejemplo, la subida del Salario Mínimo Interprofesional, que al sector que más afecta es al olivarero. Estamos en plena batalla de números y de cifras, porque por un lado tenemos encima de la mesa la reforma de la PAC y, por otro, perfectamente alineado, el presupuesto que hay para la PAC, cómo y cuánto. Luego vendrá el reparto, que será en otro estadio. Ha venido usted a Bruselas en la semana más calentita.

—Ya está claro que habrá un descenso con el Brexit...

—Evidentemente. Ya tenemos claro el porcentaje del 14% a la baja. En la nueva propuesta para el marco 2021-2027 hay un descenso de 399 a 354 millones, con el pilar dos como el más perjudicado, que es el Desarrollo Rural. Curiosamente, esto es deducción mía, son 7,5 millones que se atribuye al nuevo mecanismo del fondo de transición justa, el que implantará la Unión Europea para ayudar a los territorios a hacer una transición hacia una economía descarbonizada y más limpia. El problema que tenemos ahora, además, es el “green deal” famoso, que hace que todo se ralentice. Los agricultores se quejan de que cada vez se imponen más medidas relacionadas con el medio ambiente porque se les acusa de que el diez por ciento de las emisiones de gases invernadero proceden de la tierra, cuando ellos son los únicos que mitigan la contaminación, porque el campo es un sumidero de carbono natural. Estamos en un momento en el que no podemos atisbar qué pasará. Lo que sí está claro es que España se tendrá que fajar mucho, mucho, para que se mantengan las ayudas al olivar.

—Por eso están los agricultores en la calle. ¿No cree?

—Es que se les ha juntado todo. Necesitan una actualización de la Ley de Cadena Alimentaria para que las prácticas desleales no repercutan en los precios, están con la incertidumbre del “green deal”, que puede encarecer más la producción... Está claro que este concepto jugará un papel clave y, por lo tanto, hay que ponerse al frente de la manifestación porque el agricultor es el principal interesado en mejorar el medio ambiente, porque sin él no habría actividad económica y Andalucía estaría totalmente desértica.

—Hay que unir a todo ello el problema de la despoblación.

—Efectivamente. Es un tema muy importante en el seno de la Unión Europeo, de hecho, por primera vez, hay una comisaria croata que tiene una cartera sobre despoblación.

—¿Cree que es una buena noticia para el olivar tradicional?

—Esperamos que así sea. Hasta ahora, el tema de la demografía afectaba a varias políticas, pero no había una como la que hay ahora. Desde Andalucía haremos todo lo que podamos para que haya una discriminación positiva hacia el olivar. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció nuestra adhesión a la Red Europea de Regiones con Desafíos Demográficos y ya estamos dentro. La despoblación afecta a nuestra región y, especialmente, a Jaén.

—¿Cómo se pueden combatir los aranceles de Estados Unidos?

—Es difícil de combatir. Dentro de lo malo, tenemos una buena noticia, y que es, en lugar de ir al alza en la última revisión, se han mantienen. Lo que ocurre es que son temas que se negocian directamente desde la Unión Europea, no desde los Estados miembros, pero Andalucía tiene que azuzar en esa labor de negociación. Juanma Moreno se reunió, en octubre, con el comisario de Comercio para hacerle hincapié en este problema y se ofreció a toda la colaboración posible para que el diálogo fuese más fácil. Conociendo a Phil Hogan, tenemos confianza, porque consideramos que es un gran negociador. También esperamos el fallo contrario, en primavera, de la Unión Europea contra Estados Unidos y esperamos que hay luz al final del túnel.

—¿Y el Brexit?

—Primero hay que ver cómo va a acabar la negociación, y si hay Brexit duro, las consecuencias serán mucho peores que si se llegan a acuerdos comerciales para 2020. Los cálculos generales son que en Andalucía afectarán entre quinientos y mil millones de euros, es una horquilla muy amplia. El presidente de la Junta presentó en Bruselas medidas encaminadas a paliar el daño en la agricultura, como el establecimiento de un fondo de urgencia para financiar a los damnificados.

—En un mundo tan globalizado, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan los andaluces?

—Yo creo que son los mismos que el resto de los españoles, aunque hay diferencias entre el norte y el sur por nuestra idiosincrasia. El reto principal es el cambio climático, que nos afecta a todos los sectores y, especialmente, al sector agrícola. Andalucía es una región más grande que once países miembros de la Unión Europea, por lo que todo nos afectará, pero en medio ambiente tenemos que estar a la vanguardia. No es normal que haya 18 grados, en febrero, en Sierra Nevada, por lo que tenemos que tomárnoslo en serio.

—¿Cómo se pueden conquistar nuevos mercados?

—Diversificar y aprovechar todas las oportunidades que brinda la Unión Europea. La Junta de Andalucía tiene diseñada una estrategia para atraer inversiones y diversificar mercados, porque la experiencia nos dice que no podemos poner todos los huevos en el mismo cesto, que es lo que nos ha pasado con Estados Unidos. La Dirección General de Agricultura de la Unión Europea convoca campañas de promoción que son muy interesantes para los olivareros.

—¿Qué mensaje traslada a los andaluces desde Bruselas?

—Que Bruselas no es algo internacional, sino que es nuestro, porque somos todos la Unión Europea. Nuestra comunidad tiene mucho ganado aquí, pero hay un gran potencial. Me abre muchas puertas decir que soy de Andalucía, pero debemos superar el nivel que tenemos y hacer ver a la región como un territorio moderno, innovador y referente.