A la carretera para protestar contra los bajos precios

El sector oleícola no aguanta más. Tras una cosecha inferior a la de la temporada pasada, unidas a los bajos precios de mercado del aceite de oliva que se sitúan en torno a los dos euros, las organizaciones agrarias no esperan más para salir a la calle y protestar contra la profunda crisis que atraviesan los agricultores jiennenses y que está generando pérdidas enormes. De esta manera, el próximo 30 de enero habrá movilizaciones en las carreteras de la provincia para pedir a los gobiernos andaluz, español y europeo que cambien la situación del sector oleícola. Así, después de la reunión mantenida por Luis Carlos Valero, gerente y portavoz de Asaja; Luis Ávila, secretario general de COAG; Cristóbal Cano, secretario general de UPA; Enrique Delgado, secretario general de Infaoliva, e Higinio Castellano, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias, se ha planificado un calendario de actuaciones para revertir el estado actual de los olivareros.

De esta manera, las acciones no pararán hasta que se logre una reactivación de los precios que aseguren a los agricultores, al menos, el umbral de rentabilidad en sus cosechas, marcado por la venta del aceite de oliva virgen extra a partir de los 2,73 euros el kilo, según indica la Asociación de Española de Municipios del Olivo (AEMO). La primera de ellas será el próximo 30 de enero y el objetivo es paralizar la provincia de Jaén, echándose a las principales vías de comunicación, aunque intentando causar el menor perjuicio a los ciudadanos.

La crisis de bajos precios en origen del aceite de oliva y la falta de medidas que permitan revertir esta situación han hecho que las tres organizaciones agrarias, las cooperativas y los industriales —todas las piezas dentro del sector— vuelvan a convocar nuevas acciones de protesta en la calle. De ahí que los olivareros hagan un llamamiento a la masiva participación de las movilizaciones previstas para el día 30, porque ahora más que nunca necesitan el apoyo de toda la sociedad. Además, recuerdan que el precio del aceite comenzó a caer desde marzo de 2018, después de una situación de lluvias inusuales y que, desde entonces, no ha remontado. Los márgenes de rentabilidad están muy comprometidos ya que por debajo de los 2,73 euros no es rentable el cultivo, especialmente el olivar tradicional, mayoritario en la provincia.

El sector olivarero unido quiere poner freno a esta tendencia a la baja de los valores del aceite de oliva y que las administraciones pongan en marcha, de una vez por todas, los mecanismos legales que se encuentran a su alcance para conseguir una estabilidad en los mercados. Entre ellos, la actualización de los precios de desencadenamiento del almacenamiento privado o la aplicación del supuesto de “graves perturbaciones del mercado”; el comienzo de la extensión de la norma a través de la Interprofesional del Aceite de Oliva, en la que está todo el sector; una eficaz medida de autorregulación que suponga una revolución al hacer obligatoria la retirada del Aove en campañas excedentarias a favor de cosechas deficitarias; la lucha y prohibición de la venta a pérdidas y la adecuación de la Ley de la Cadena Alimentaria, entre otras muchas medidas.

La práctica totalidad de los agricultores y ganaderos están inmersos en una grave crisis de rentabilidad. Ese desequilibrio de la cadena agroalimentaria está llevando al límite a miles de familias que se dedican a la producción de alimentos en toda España. A ello se suman los anuncios de recortes en las ayudas provenientes de la Unión Europea, la imposición de barreras comerciales a nivel global que ponen trabas a las exportaciones como los aranceles de Estados Unidos. Asimismo, a este contexto, repleto de hostilidades, se suman los resultados de 2019, uno de los más negativos que se recuerdan para el sector, con una pérdida de renta agraria cercana al 9%, y con constantes informaciones en muy diversos ámbitos que configuran una “coyuntura dramática” para los agricultores y ganaderos. “Urge tomar medidas de apoyo ante los ataques que estamos sufriendo”, explicaron desde las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA. “No podemos esperar ni un día más”, aseguraron. Así, quieren lanzar un “mensaje rotundo” a las administraciones a todos los niveles: comunitario, nacional y regional, así como al resto de los actores de la cadena agroalimentaria. Las movilizaciones comenzarán el 30 de enero y se desarrollarán en diversas zonas del país. Los convocantes señalaron la importancia de que todo el sector trabaje unido en defensa de su futuro, que si no se toman medidas urgentes, ven “muy negro”. Las protestas pretenden ser un “punto de inflexión” ante las dinámicas que están llevando a la ruina al sector.