Vox pide a la UE una “evaluación exhaustiva” del impacto de plantas fotovoltaicas en Jaén

Vox ha solicitado a la Unión Europea “una evaluación exhaustiva e independiente del impacto ambiental y económico” que tienen para el campo proyectos fotovoltaicos como el que se promueve en Lopera y otros términos municipales cercanos, donde “más de 400 hectáreas de terreno agrícola van a ser expropiadas” para su instalación. Un “drama” para esta zona y para los olivares que Jorge Buxadé, jefe de la delegación del partido en Europa, ha denunciado ante las instituciones europeas. Lo ha hecho en una carta dirigida a Christophe Hansen, comisario de Agricultura y Desarrollo Rural; Jessika Roswall, comisaria de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva; y Antonio Decaro, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. En su misiva, lamenta que “aquellos que más cuidan del medio ambiente”, ganaderos y agricultores, “se están viendo obligados a abandonar la explotación agroganadera de sus tierras para entregarlas a empresas energéticas de forma coactiva”. Una situación que se produce “ante el abandono y la dejación de funciones de la Junta de Andalucía presidida por Moreno Bonilla”, según ha informado este jueves en una nota Vox.

Según ha añadido Buxadé, “ocurre porque, con la coartada de estar impulsando industrias de energía verde, se han categorizado estas plantas fotovoltaicas como de utilidad pública”. “Una vez más, la histeria climática pone por delante el beneficio económico de unos pocos para arruinar a quienes mejor conocen sus tierras, en este caso, los agricultores y trabajadores de la industria olivarera de Jaén”, ha dicho, no sin apuntar que esta “expropiación forzosa” supone “una condena al desempleo o al éxodo rural en una región de España que vive directa e indirectamente” de esta actividad.

A ello ha sumado el impacto que la medida tendrá sobre la soberanía alimentaria española y europea. “Este tipo de renuncias voluntarias a nuestras propias tierras de cultivo nos fuerzan a la deslocalización de una industria estratégica y la consiguiente importación de los alimentos que necesitamos de terceros países”, como es el caso de Marruecos”, ha apostillado. Así las cosas, Buxadé termina exigiendo a los responsables europeos que realicen “una evaluación exhaustiva e independiente del impacto ambiental y económico de estos proyectos fotovoltaicos en el campo europeo y español”. Igualmente, solicita que, “en todo caso, se promueva un desarrollo de energías renovables que sea sostenible y respete el equilibrio entre el medio ambiente, la economía local y el bienestar social”.