El suelo rústico de Mengíbar dificulta regularizar las parcelas
Alrededor de un centenar de propietarios de parcelas de Mengíbar tratan de impedir los derribos y regularizar su situación. El pasado mes de mayo la Junta de Andalucía abrió expedientes a estos propietarios por edificar en parcelas en suelo rústico, lo que conlleva sanción económica, demolición e, incluso, cárcel. Así, presentaron a la Administración local una modificación puntual del Plan General Municipal (PGM), como paso previo a acogerse a la Ley de Ordenación Territorial y urbanística Sostenible de Andalucía y tratar de legalizar sus terrenos y edificaciones.
El presidente de la Asociación de Propietarios por el Desarrollo Urbanístico de Mengíbar, cuyo nombre no quiere que aparezca en estas líneas por motivos que este periódico ignora, reclama que, bajo una posible legalidad de edificaciones, se lleve a cabo la legitimidad de estas construcciones lo antes posible, ya que este proceso paralizaría los expedientes automáticamente. “Somos muchos los afectados y ya ha habido casos de demolición”, señala el presidente del colectivo, que declara que, cuando levantó la edificación, una nave de 50 metros cuadrados, sabía que era ilegal, pero no era consciente de las “graves consecuencias” que acarrearía. “No sabíamos la imposición de estas sanciones. En las proximidades de nuestra parcela hay más construcciones”, indica la cabeza visible del colectivo afectado, quien al mismo tiempo explica que se ha reactivado la Ley de Ordenación del Territorio, lo que ha generado nuevos expedientes en el municipio. La asociaciación mengibareña fue creada por y para solventar esta problemática, un colectivo que actualmente aglutina a 16 personas afectadas.
De esta forma, el presidente de la asociación asevera que han presentado varios documentos de urgencia para reducir los plazos del proceso, pero desde la Administración local indicaron que no era necesario acogerse a este inminente trámite. “Estaban esperando la respuesta del Consejo Consultivo para llevar a cabo un nuevo equipo redactor, porque el antiguo estaba inactivo. Al estar inoperativo, rescendirían el contrato. Pero hasta que no contestase el Consejo Consultivo, porque no estaba de acuerdo el antiguo equipo redactor y saliera favorable hacia el Ayuntamiento de Mengíbar, no se podía hacer una licitación de nueva contratación. Una vez obtenida la respuesta del Consejo Consultivo, favorable hacia el Ayuntamiento de Mengíbar, nos comentan que van a sacar una nueva licitación para llevar a cabo la contratación del nuevo equipo redactor. Llevamos esperando dos semanas y aún no ha salido la licitación. Bajo nuestro punto de vista no se le está dando la importancia que toca”, expone el responsable del grupo.
Asimismo, la asociación pone como ejemplo la situación de la capital cordobesa, donde propietarios acarrean este problema en mayor grado. Miembros del colectivo mengibareño acudieron a la oficina que el Ayuntamiento de Córdoba ha puesto en funcionamiento para regularizarlas. “Allí hemos encontrado asesoramiento. Y lo que nos dicen es que si el suelo no está dentro de un espacio protegido y no posee acuíferos, se puede llevar a cabo la legalidad con un plan especial”, detalla el presidente, que reivindica un servicio similar para los propietarios afectados en el municipio, ya que allí, en esa misma oficina, además de asesoramiento, prestan servicio al ciudadano para revertir la situación y, de esta forma, conseguir la legalidad de las parcelas.
“El Ayuntamiento le da la mayor celeridad al Plan de Ordenación”
Por otro lado, el alcalde de Mengíbar, Juan Bravo Sosa, asegura a este periódico que están intentando actuar de la manera más diligente posible. “Le estamos dando la mayor celeridad al Plan General de Ordenación Municipal. De esta forma, estamos aplicando todos los instrumentos de planeamiento que nos permite la ley para intentar salvar estas irregularidades y regularizarlas”, declara Bravo.
Las personas afectadas por esta situación son, fundamentalmente, propietarios de las parcelas de dos zonas de este municipio: Los Montecillos y Villamosquito. “Es cierto que se ha estado construyendo de manera irregular y, en los últimos meses, ha habido un incremento de inspecciones en las parcelaciones. Algunas de éstas son menores de seis años, lo que implica una consecuencia penal”, dice el máximo el máximo responsable del Ayuntamiento de Mengíbar, quien expone que, actualmente, están modificando la norma subsidiaria. “Es verdad que había una norma que aseguraba la protección de 400 metros sobre el caso urbano. Una barbaridad. También es cierto que esa protección integral se adaptó y pasó a una protección especial”, explica Bravo, que afirma que con la anterior ley esas zonas no prescribían.