Docentes y juristas abordan participan en unas jornadas sobre la violencia sexual en menores

La actividad busca promover la prevención, detección e intervención en situaciones de este tipo
Francisco José Solano, Esteban Rondón y Javier Carazo. / Junta de Andalucía.
Diario de Jaén

Jaén ha acogido las XIV Jornadas Educación y Justicia que cada año organizan las Consejerías de Desarrollo Educativo y de Justicia para mejorar la formación y coordinación de los profesionales de los centros educativos y del sistema de Justicia Juvenil. En esta edición se han centrado en la violencia sexual que afecta a menores, con el objetivo de promover la prevención, detección e intervención integral.

El director general de Justicia Juvenil y Cooperación, Esteban Rondón, y los delegados territoriales de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Francisco José Solano, y de Justicia, Administración Local y Función Pública, Javier Carazo, han sido los encargados de dar la bienvenida a los asistentes a estas jornadas. El encuentro va dirigido a los equipos de orientación educativa y bienestar emocional, docentes, trabajadores de los centros y servicios de Justicia Juvenil donde cumplen medidas los menores infractores, profesionales de la Fiscalía de Menores y los Servicios de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA).

En las jornadas intervienen profesionales del gabinete provincial de asesoramiento a la convivencia escolar e igualdad para abordar cómo detectar casos mientras que psicólogas del SAVA y del equipo técnico de la Fiscalía de Menores de Jaén analizarán los factores psicológicos y sociales presentes en la mente del agresor y en la experiencia de la víctima.

La organización de estas jornadas anuales se enmarca en el convenio de colaboración que desde 2009 tienen las consejerías competentes en materia de Educación y de Justicia Juvenil tanto para la prevención de conductas conflictivas en los menores como para la reeducación de los chicos y chicas que cumplen medidas judiciales privativas de libertad o de medio abierto.

Fruto de este convenio, en los Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) hay personal docente y, si el régimen establecido por los jueces lo permite, los jóvenes son matriculados en centros del entorno para continuar sus estudios académicos.