Seis meses de cárcel para cinco de los seis responsables de la cantera Fuente de la Peña

Cinco de los seis responsables de la actividad extractora en la cantera Fuente de la Peña, en Jaén capital, que este lunes se han sentado en el banquillo de la Audiencia de Jaén se han declarado culpables y han aceptado como pena seis meses de cárcel como autores de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Además, deberán abonar 720 euros en multa y de forma solidaria tendrán que hacer frente a la restauración y rehabilitación del monte público La Solana, tal y como se determine y se cuantifique en ejecución de sentencia. El acuerdo alcanzado entre las partes para dictar una sentencia de conformidad ha incluido también la retirada de la acusación para uno de los imputados.

Por otro lado, al séptimo de los acusados, el asesor técnico de la Junta de Andalucía que emitió un informe a favor de la prórroga de la concesión, se le condena por prevaricación a dos meses y 15 días, auque se le sustituye por el pago de una multa de 900 euros más otra más de 540 euros.

Aunque inicialmente, Fiscalía reclamaba penas de seis años de prisión para los responsables de la actividad extractora en la cantera, finalmente ha tenido en cuenta las atenuantes de dilaciones indebidas y de reparación del daño para rebajar la pena hasta los seis meses de cárcel.

En el caso del funcionario de la Junta condenado por prevaricación y para el que inicialmente se pedía un año de cárcel desde el Ministerio Público, se ha rebajado hasta los dos meses y 15 días al aplicar los atenuantes de dilaciones indebidas y confesión tardía. Se le condena por haber informado favorablemente para el otorgamiento de la prórroga de la concesión de la explotación minera por un periodo de 30 años y haberlo hecho sabiendo que no se cumplían los requisitos legales necesarios.

Como accesorias, para los cinco condenados por delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales se le imponen seis meses de inhabilitación especial para la administración , gerencia, dirección o trabajo en empresas relacionadas con la extracción o tratamiento de minerales.

Para el funcionario de la Junta se le impone una inhabilitación de tres años y seis meses como asesor técnico de la Administración en materia de minas.

En cuanto a responsabilidad civil, los condenados deberán pagar los costes económicos necesarios para llevar a cabo la completa restauración y rehabilitación del espacio natural. El importe se determinará en ejecución de sentencia por la autoridad competente en Minería una vez se realice por ésta y se apruebe el correspondiente plan de restauración integral con informe previo o resolución de la autoridad ambiental competente y será el Ayuntamiento de Jaén el que se encargará de supervisar todo el proceso.

El Ayuntamiento de Jaén, también personado en la causa, se ha sumado al acuerdo y a los términos del mismo planteados por el Ministerio Público.

Por su parte, el responsable de Ecologistas en Acción en Jaén, Javier Ramírez, que fueron los que denunciaron los hechos junto con la asociación Andamios para las Ideas, han valorado el acuerdo y que finalmente hayan sido condenados por delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales.

“Valoramos que ha habido una sentencia y una condena, es con lo que tenemos que quedarnos”, ha dicho Ramírez a los medios, al tiempo que ha subrayado que lo importante es que “esa restauración se haga de verdad, que cuando acaben estemos contentos” porque lo ideal sería que “se quedara como estaba, como si nunca hubiera pasado nada, pero es imposible” porque “los daños son irreparables”.

Aunque en un principio, Fiscalía había acusado a ocho responsables de la actividad extractora en el banquillo, dos de ellos ya han fallecido y no han llegado a la vista. El séptimo de los acusado era el técnico de la Junta de Andalucía.

Fue la Fiscalía de Medio Ambiente de Jaén la que en mayo de 2018, y a partir de un escrito de denuncia de Ecologistas en Acción, determinó que había indicios de un delito continuado contra el medio ambiente y los recursos naturales, además de otro delito continuado contra la ordenación del territorio y el urbanismo, extremos que hasta en dos ocasiones rechazó el juez instructor al acordar el sobreseimiento de las actuaciones.

Sin embargo, tras recurrirlo Fiscalía de Medio Ambiente, la Audiencia de Jaén desestimó en las dos ocasiones el archivo por lo que el Juzgado de Instrucción número 3 de Jaén se vio obligado a reabrir el caso. A esto se le suma el primer intento fallido de juzgar el caso en enero de 2024 por un defecto de forma que devolvió la causa a Instrucción.

En el escrito de acusación, la Fiscalía detalla exhaustivamente todos los daños ocasionados y sobre todo pone el acento en que no se ha cumplido con “la obligación de restaurar” ni por los titulares de la concesión y explotadores ni por el director técnico facultativo de la explotación, como responsable del cumplimiento del plan de restauración.

Como ha venido sosteniendo la Fiscalía, desde 2008 y hasta la actualidad no se han adoptado “medidas de restauración y correctoras de protección del entorno natural y del paisaje del monte público a que venían obligados en virtud del Plan de Restauración aprobado en el año 2008”.

Fiscalía apuntaba que la actividad extractiva, apertura de caminos y movimiento de tierras se ha venido realizando desde el año 1981 “careciendo de licencia municipal y contraviniendo la normativa urbanística, territorial y sectorial que no permite tales actividades y obras en el lugar en el que se han realizado” ya que se asienta sobre suelo no urbanizable de especial protección.

Entre algunas de las repercusiones negativas para el Medio Ambiente, se establece que la explotación de la cantera y la extracción de caliza del monte publico, ha supuesto “un movimiento de grandes volúmenes de piedra que ha ocasionado una modificación de la topografía original del terreno”. Además, la no realización de trabajos de restauración ha afectado al hábitat de interés comunitario identificado en la zona y se incluye también perjuicios para los anidamientos de águilas perdiceras.

El clamor por el cierre de la cantera, situada a menos de dos kilómetros del núcleo urbano, conllevó manifestaciones, recogida de firmas y múltiples protestas hasta que la Junta de Andalucía en junio de 2017 declaró la caducidad de la concesión de la cantera y por tanto, la paralización inmediata de la actividad.

A ello se sumaría en diciembre de 2017 la decisión del Ayuntamiento de Jaén de poner fin al aprovechamiento sobre la cantera de la Fuente de la Peña. Todo ello, sumado al trabajo de Fiscalía de Medio Ambiente en Jaén, ha permitido que este caso no se haya archivado y haya llegado a la Audiencia donde ha acabado en una sentencia condenatoria.

La sentencia, una vez dictada, será firme y recogerá los términos del acuerdo alcanzado y con los que se han mostrado conformes los condenados.