Prueba de fuego para el tranvía: La Mesa de Contratación evalúa este martes a la tercera empresa aspirante
Dicen que a la tercera va la vencida. Tras los últimos reveses en la adjudicación del contrato para la puesta en marcha del tranvía, que dejaron fuera a las dos empresas favoritas para gestionar el servicio: Alsa y Avanza, la Mesa de Contratación de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, se sienta mañana martes para analizar si la UTE (unión temporal de empresas) Ruiz-Barraqueiro dispone de la documentación necesaria para hacerse con el contrato de explotación.
Así lo ha avanzado esta mañana a preguntas de los periodistas la consejera del ramo, Rocío Díaz, durante una visita técnica a las obras de rehabilitación de Las Protegidas: “Será entonces cuando podamos ver si todo está correcto para poder firmar un contrato muy esperado y ansiado por todos”. Una firma, dice la consejera, que no pasará de esta semana si todo está en orden. “Deseamos poder continuar con las pruebas, que no han parado en ningún momento porque no queremos perder ni un minuto de tiempo, pero desde luego es necesario y preciso contar con el contrato de explotación para seguir adelante”, ha señalado la consejera. Una vez rubricado se realizarán las pruebas en blanco, en las que el tranvía recorrerá el trazado sin viajeros, pero en los mismos horarios en los que lo hará cuando esté operativo: “Será entonces cuando se den nuevos plazos para la puesta en marcha del tranvía de Jaén”.
A pesar de este farragoso laberinto burocrático en los despachos, el metal ha vuelto a rodar sobre los raíles después de años de parálisis. A finales de marzo, la Consejería de Fomento retomó las pruebas dinámicas en el trazado urbano y centró los esfuerzos en la verificación de la prioridad semafórica y la compatibilidad de los sistemas de seguridad Eurobalise. Los jiennenses han podido ver de nuevo circular las unidades a baja velocidad desde las cocheras de Vaciacostales hasta el centro de la ciudad, un paso técnico indispensable para que la Agencia de Obra Pública pueda certificar la infraestructura antes de las esperadas pruebas en blanco.