Las dos canteras de la capital, a la espera de que se cumpla con la restauración del terreno

Las dos canteras ubicadas en la capital —la de la Fuente de la Peña y La Imora— están pendientes de que se cumpla con la restauración del terreno cuyo objetivo es el de minimizar los daños causados por la actividad extractora. En el caso de La Imora —en la que a finales de 2017 el Ayuntamiento rescindió la concesión de aprovechamiento y procedió al precintado de la zona—, los técnicos municipales han visitado recientemente la cantera junto con los que fueron los responsables de la actividad extractora para empezar a trabajar en la restauración.

Según se ha indicado a Europa Press desde el área de Patrimonio, la empresa que explotó la cantera tiene dos meses para presentar el proyecto de restauración. Dicho proyecto, una vez esté finalizado, deberá obtener el visto bueno tanto del Ayuntamiento como de la Junta de Andalucía para así poder comenzar con los trabajos de restauración ambiental. Por otra parte, en el caso de la cantera de la Fuente de la Peña, la sentencia, que fue dictada en junio de 2025, ya es firme desde diciembre de este año. En dicha sentencia se condenaba a cinco responsables de la actividad extractora por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, mientras que a un sexto acusado —asesor técnico de la Junta de Andalucía— se le condenaba por prevaricación.

Queda pendiente todavía valorar el importe de la restauración y determinar cómo se va a llevar a cabo. Los cinco condenados, de forma solidaria, tendrán que hacer frente a la restauración y rehabilitación del monte público La Solana, tal y como se determine y se contabilice en la ejecución de dicha sentencia. En cuanto a la responsabilidad civil, la sentencia fijó que los condenados deberán pagar los costes económicos necesarios para llevar a cabo la completa restauración y rehabilitación del espacio natural. El importe se determinará por la autoridad competente en Minería una vez se realice por ésta y se apruebe el correspondiente plan de restauración integral con informe previo o resolución de la autoridad ambiental competente y será el Ayuntamiento de Jaén el que se encargará de supervisar todo el proceso. Fue la Fiscalía de Medio Ambiente de Jaén la que en mayo de 2018, y a partir de un escrito de denuncia de Ecologistas en Acción, determinó que había indicios de un delito continuado contra el medio ambiente y los recursos naturales, además de otro delito continuado contra la ordenación del territorio y el urbanismo.

En el escrito de acusación, la Fiscalía detalló exhaustivamente todos los daños ocasionados y sobre todo puso el acento en que no se había cumplido con “la obligación de restaurar” ni por los titulares de la concesión y explotadores ni por el director técnico facultativo de la explotación, como responsable del cumplimiento del plan de restauración. Como sostuvo la Fiscalía, desde 2008 y hasta que se logró paralizar la actividad extractora, no se adoptaron “medidas de restauración y correctoras de protección del entorno natural y del paisaje del monte público a que venían obligados en virtud del Plan de Restauración aprobado en el año 2008”. Fiscalía apuntaba que la actividad extractiva, apertura de caminos y movimiento de tierras se ha venido realizando desde el año 1981 “careciendo de licencia municipal y contraviniendo la normativa urbanística, territorial y sectorial que no permite tales actividades y obras en el lugar en el que se han realizado” ya que se asienta sobre suelo no urbanizable de especial protección.

Entre algunas de las repercusiones negativas para el Medio Ambiente, se estableció que la explotación de la cantera y la extracción de caliza del monte publico, ha supuesto “un movimiento de grandes volúmenes de piedra que ha ocasionado una modificación de la topografía original del terreno”. Además, la no realización de trabajos de restauración ha afectado al hábitat de interés comunitario identificado en la zona y se incluye también perjuicios para los anidamientos de águilas perdiceras. El clamor por el cierre de la cantera, situada a menos de dos kilómetros del núcleo urbano de Jaén, conllevó manifestaciones, recogida de firmas y múltiples protestas hasta que la Junta de Andalucía en junio de 2017 declaró la caducidad de la concesión de la cantera y por tanto, la paralización inmediata de la actividad.