Antonia Morillas: “Hace falta diseñar las políticas públicas desde la periferia”

Es una joven jiennense que debutó hace un año en el Gobierno central después de su experiencia política en Málaga y que, en los últimos meses, centra el debate en torno a la reforma de la Ley del Aborto. Antonia Morillas González (Torredonjimeno, 38 años) dirige el Instituto de las Mujeres con la obsesión de conseguir garantizar la igualdad en todos los ámbitos la vida con la introducción de un enfoque de género en las políticas públicas. Considera que los avances experimentados son evidentes.

¿Cómo llega una jiennense al Ministerio de Igualdad?

Con muchas ganas, con entusiasmo y teniendo clara la necesidad de diseñar políticas públicas en el Gobierno mirando a los territorios que se sitúan en la periferia y que han sido maltratados por las administraciones.

¿En qué han avanzado las mujeres desde que se estrenó el Gobierno en coalición?

Yo creo que se ha producido un sinfín de avances, estamos consiguiendo una nueva generación de derechos feministas, que intentamos, con dificultades, traducir esa agenda a las políticas públicas y, en todo lo que tiene que ver con el eje de cuidados, hemos puesto sobre la mesa la Ley de Libertad Sexual y una Nueva Ley de Aborto que significará un avance en nuestro país en derechos sexuales y reproductivos.

¿Qué balance puede hacer del año que lleva en el cargo?

Hago un balance positivo. El Gobierno llevaba sin tener un Plan de Igualdad desde 2017, un proyecto que no es un trámite burocrático, sino un instrumento que sirve para conseguir que el enfoque de género cale en todas las políticas públicas, desde las pensiones, al empleo y a organizar las prioridades presupuestarias. Hemos logrado hacer una inversión histórica en políticas de igualdad, con más de 525 millones de euros, una cifra que no había existido nunca en nuestro país, con especial atención a la lucha contra las violencias machistas. Estamos muy satisfechas del trabajo, aunque queda mucho por hacer, en la medida en que siguen existiendo muchas brechas de género en cada uno de los ámbitos de nuestras vidas y que las violencias machistas son una realidad en nuestra cotidianidad.

¿Qué es lo que verdaderamente supone un avance en la reformada Ley del Aborto?

Significa, por un lado, que cuando entre en vigor esta ley, las mujeres de Jaén podrán abortar en la pública y en su tierra. La provincia es la única de Andalucía donde no se practican abortos. Cuando una mujer tiene que acceder a esta prestación sanitaria, tiene que recorrer kilómetros. Sólo en 2020, 750 jiennenses tuvieron que desplazarse a otras provincias y, en los últimos diez años, más de 10.000. Con esta normativa, entre otras cosas, garantizamos que se realiza en la sanidad pública lo más próximo posible a sus domicilios. Sin embargo, no sólo planteamos la necesidad de que se eliminen todas las barreras, sino la necesidad de abordar y de avanzar en otra serie de derechos sexuales y reproductivos que no estaban reconocidos y, ahí, por ejemplo, hemos incorporado un capítulo sobre salud menstrual, además, de manera vanguardista en Europa. Significa que cuando una mujer tenga una menstruación dolorosa, se pueda coger una baja y no tenga que ir a trabajar.

¿Cree que la objeción de conciencia será una traba para que funcione la Ley del Aborto?

La hemos regulado con el objetivo de armonizar el derecho que tienen los profesionales sanitarios con el que tenemos las mujeres a acceder al aborto. ¿Qué proponemos? Que exista un registro de objetores en cada territorio, para que cada comunidad garantice que hay personal en los servicios de Ginecología y Obstetricia y hemos incorporado como elemento que aquellos que se declaren objetores de conciencia en la sanidad pública no puedan ejercer en la privada. Esta regulación facilitará que las Consejerías de Salud tengan planificación.

¿Cree que puede conllevar un incremento de contratación por falta de personal?

Habrá que verlo en cada caso, de tal forma que las comunidades autónomas, una vez que tengan su diagnóstico, tomarán decisiones para garantizar el servicio. Tras el argumento de la objeción de conciencia se esconden otras realidades, por lo que este registro servirá para tener un diagnóstico real y que haya instrumentos para que la prestación sanitaria se garantice.

¿De qué manera podrán elegir las mujeres el método con el que quieren abortar?

Está negro sobre blanco en la ley, fortalecemos el consentimiento informado y esto pasa por que las mujeres puedan decidir, tras escuchar a los profesionales, si su interrupción es por la técnica farmacológica o la quirúrgica.

¿Cómo podrán acreditar las mujeres en las empresas que tienen una regla dolorosa?

Como con cualquier dolencia. Tendrá que ir a su médico de cabecera para que le acredite que tiene una situación que le impide trabajar. Una de cada dos mujeres, en algún momento de su vida, ha tenido una menstruación dolorosa, y estamos hablando de vómitos, cólicos, desmayos... Una realidad que se ha vivido con estigma, silencio, con miedo y resolviéndolo con pastillas. También incorporamos una incapacidad temporal por interrupción del embarazo, otra preparto a partir de la semana 39 sin que compute en el permiso de maternidad... Todo esto supone un cambio de paradigma y un enfoque feminista en las reglas del mercado laboral.

¿Cuál es la diferencia con una baja normal y corriente?

Hay varias. La primera es que se elimina el requisito del periodo mínimo de cotización medio que existe en otros casos de incapacidades temporales. En segundo lugar, es financiada desde el día primero, desde el minuto uno, desde el Estado. Y, por último, no hay límite de tiempo.

¿Qué significa, en la práctica, el término violencia obstétrica?

Al final no está recogido en la reforma, pero desde el Ministerio de Igualdad y las mujeres feministas lo llevamos reivindicando desde hace tiempo para garantizar que no se produzcan prácticas inadecuadas en los procesos de parto. Finalmente, en torno al reconocimiento como tal hubo un debate intenso, no lo incorporamos, pero sí un capítulo entero de protección de los derechos sexuales reproductivos que permitirá garantizar partos respetados. Planteamos, por un lado, que cuando haya una interrupción del embarazo puedan existir protocolos que permitan un acompañamiento integral, lo mismo que un acceso a la incapacidad temporal. Por otra parte, el hecho de que pueda haber políticas de formación para que se potencie el parto respetado y se reduzcan prácticas como episiotomía o cesáreas. Por último, proponemos la necesidad de que haya acompañamiento en los procesos de posparto, donde las mujeres se ven muy solas.

¿Qué le trasladan los colegios profesionales de médicos?

Hemos tenido distintas reuniones. Es un proceso de un año, una reforma que se ha cocido a fuego lento. Lo que puedo decir es que, en las líneas maestras de la reforma, hay un amplio consenso y me atrevo a decir que quienes confrontan lo hacen desde posicionamientos ideológicos de la derecha, una absoluta minoría. Por parte de los profesionales, ha habido diversidad de opiniones y, tras escucharlos, tomamos decisiones siempre protegiendo los derechos de las mujeres.

¿Cómo afronta el Gobierno la situación de las mujeres ucranianas que huyen de la guerra?

En el Real Decreto de Medidas Urgentes que adoptó el Gobierno, se ha abordado la situación de las mujeres ucranianas para prevenir los riesgos con un refuerzo de la atención a la explotación sexual, el teléfono 016 atiende a las víctimas de tratas y ha adecuado sus servicios a la población ucraniana y se ha puesto en marcha el sistema de acreditación, que va a permitir facilitar el trabajo de las entidades y las comunidades.

¿Cree que hay retrocesos en la lucha contra la violencia machista en España?

Hemos conseguido avances significativos en este último periodo. En noviembre de 2021, logramos un acuerdo de todos los grupos políticos, a excepción de los de siempre, para renovar el Pacto de Estado, garantizar su financiación y hacer que sea permanente. Supone un hito político importante, porque más allá que el compromiso del Gobierno consiste en incrementar los recursos que se dedican a las violencias machistas y a ampliar el reconocimiento de las distintas formas que hay, el que se produzca este acuerdo para hacer permanente el Pacto de Estado es un instrumento útil. Reconocer las distintas formas de violencia sexual que existen significa acceder a servicios públicos y a derechos, como la apertura de centros de crisis las veinticuatro horas en las comunidades. Por lo tanto, en ese trabajo es en el que estamos y, sin duda, tenemos que avanzar en otras asignaturas.

¿Cómo afronta el grave problema de la brecha salarial que todavía existe?

Efectivamente, la brecha salarial es un problema importantísimo, estamos convencidas de que la aprobación de la reforma laboral va a ser útil y eficaz para reducir esa brecha y también hemos puesto en marcha instrumentos que están siendo de enorme utilidad para diagnosticar y para establecer medidas en el ámbito de la empresa que permitan la reducción de esas diferencias. Hemos aprobado un decreto que obliga a las compañías de más de cincuenta trabajadores a que pongan en marcha planes de igualdad y que sean negociados con la representación sindical, un instrumentos muy poderoso porque diagnostica las desigualdades y pone medidas para solventarlas. También hemos puesto en marcha el decreto que permite hacer auditorías retributivas. Uno de los elementos más relevantes que tenemos en materia laboral es que las profesiones que están más precarizadas, están ocupadas mayoritariamente por mujeres, como el trabajo de hogar, limpiadoras, camareras de pisos... Por eso son tan importantes estos decretos.

¿Cuál su diagnóstico sobre la situación de la mujer rural?

Yo creo que, en el ámbito del mundo rural, probablemente hay distintas brechas, pero dos de las más fuertes tienen que ver con las dificultades de un acceso al empleo de calidad y a servicios públicos relacionados con los cuidados. El reto que tenemos por delante en garantizar que haya una igualdad plena pasa por construir modelos de desarrollo endógenos que permitan que los derechos sean efectivos.

¿Cómo ve la provincia desde Madrid, donde reside?

La veo desde Madrid y desde aquí porque tengo en la provincia a mi familia y tengo la suerte de venir mucho. Creo que Jaén ha sido maltratada a lo largo de su historia y hacen falta políticas valientes que permitan un incremento de la inversión pública, que se potencie los recursos económicos que tiene y que se pongan en marcha estrategias que permitan que la gente de Jaén tenga una oportunidad de vida digna para no tener que irse de su tierra. Es un reto pendiente que la gente de Jaén lo lleva poniendo sobre la mesa desde hace tiempo. Hace falta diseñar las políticas públicas desde los márgenes y desde la periferia, no sólo desde Madrid.