A juicio este lunes en Jaén una presunta estafa inmobiliaria que arruinó a 15 familias
La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén tiene previsto juzgar este lunes la supuesta estafa inmobiliaria que afectó a una quincena de familias en La Carolina. Tres personas están llamadas a sentarse en el banquillo acusados de un delito continuado de estafa y de otro continuado de falsedad en documento mercantil. Por estos delitos, Fiscalía les reclama seis años de cárcel y multa de 2.160 euros. Los tres acusados estaban vinculados la mercantil carolinense Construcciones A. S. Igman. Uno era el administrador único, otro ejercía como jefe y el tercero actuaba en nombre y en representación de la empresa en sus negocios, tal y como consta en el escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal recogido por Europa Press.
El caso se remonta a los años 2008 y 2010, cuando los perjudicados adquirieron viviendas en La Carolina, convencidos de que estaban libres de cargas hipotecarias. Sin embargo, según la investigación, los inmuebles estaban gravados con préstamos bancarios que nunca fueron cancelados por la promotora. Para convencer a los compradores, los acusados presuntamente falsearon documentos bancarios y manipularon escrituras públicas, asegurando que las hipotecas habían sido saldadas. En lugar de destinar el dinero de la venta a cancelar esas deudas, los fondos habrían sido utilizados supuestamente para beneficio personal de los responsables de la promotora y la constructora.
La Guardia Civil estimó inicialmente que el fraude superaba los tres millones de euros, con cantidades individuales de entre 70.000 y 100.000 euros por vivienda. En el juicio de este lunes, la estafa se concreta en 1,5 millones, aunque la cifra es superior ya que hay varias operaciones denunciadas que se valorarán en la ejecución de sentencia. Los afectados, por su parte, exigen que al menos se cancelen las hipotecas y los gastos derivados del engaño. El juicio está previsto que se extienda durante tres días.
Los hechos se produjeron entre los años 2008 y 2010, cuando una quincena de familias del citado municipio jiennense adquirieron allí diversos inmuebles —viviendas destinadas para domicilio habitual— a una sociedad mercantil “en la creencia de que se hallaban libres de carga”, cuando, según la Guardia Civil, “en realidad estaban gravados con préstamos hipotecarios de distintas entidades bancarias, concedidos a la constructora y a la promotora”. De acuerdo a lo relatado por el Instituto Armado, la parte vendedora se ganaba la confianza de los compradores “aportando certificados falsos de cancelación contable de las diferentes entidades bancarias de las hipotecas que gravaban los inmuebles e incluyendo cláusulas falsas en las escrituras públicas de compra-venta”. Además, “el dinero cobrado por la empresa vendedora tras la venta de los inmuebles no fue destinado a la cancelación de las hipotecas primarias”, según ha concluido la investigación, de forma que los adquirientes de estas viviendas se encontraron “con unas fincas en muchos casos gravadas con las hipotecas que ellos mismos constituyeron para su adquisición, y otros con una vivienda pagada con sus ahorros, pero que, en ambos casos, siguen estando afectadas por otros préstamos hipotecarios anteriores concedidos a la constructora y vendedora”.
La Guardia Civil cifró en más de tres millones “el importe de la estafa”, una cantidad a la que habría que sumar “el perjuicio causado al resto de acreedores que no han podido cobrar sus deudas al presentar concurso de acreedores”. En el juicio de este lunes, la acusación está formada por los damnificados de 17 ventas fraudulentas.