Sánchez propone subir penas a corruptos y hacer listas negras de empresas condenadas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un paquete de 15 medidas anticorrupción, entre las cuales están el aumento de condenas para este tipo de delitos, duplicar el tiempo de prescripción y crear listas negras de empresas condenadas para que no puedan contratar con la administración pública. En su comparecencia en el Congreso para dar explicaciones después de la entrada en prisión preventiva de su exnúmero tres en el PSOE, Santos Cerdán, por un presunto caso de cobro de mordidas, Sánchez ha adelantado que pretende crear una agencia anticorrupción independiente y también una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para proteger aún más a los informantes que denuncien delitos de corrupción.

El jefe del Ejecutivo ha señalado que este paquete de medidas se ha elaborado en el último mes, con la ayuda del socio de coalición Sumar, y de los técnicos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En la misma línea, ha anunciado la creación de nuevas secciones de delitos contra la Administración Pública con “jueces especializados” y además creará procedimientos sumarios para causas que involucren a cargos públicos para evitar dilaciones que “merman la confianza” de los ciudadanos. La “Agencia de Integridad Pública Independiente” asumirá funciones de prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas que hasta ahora llevaban a cabo varios organismos distintos que, a juicio de Sánchez, ha provocado “ineficiencias y vacíos de coordinación”. Además, quiere endurecer los controles extendiendo a toda la Administración Pública la metodología aplicada para la concesión de Fondos Europeos de Recuperación y van a crear “mapas de riesgo” para detectar vulnerabilidades en procesos de “críticos” de contratación, subvenciones y en la propia gestión presupuestaria. Para este fin el plan prevé introducir aplicaciones de inteligencia artificial en la plataforma de contratación del sector público para detectar de forma automática patrones anómalos o “indicios de fraude”.

En la misma línea pretende exigir a las empresas sistemas de “compliance” o cumplimiento normativo que quieren contratar con el sector público, así como “pactos de integridad” para determinados contratos públicos. Este sistema, según ha indicado Sánchez, ya se utiliza en otros países y sirve para monitorizar los procesos de contratación de forma independiente y reduce el riesgo de mala praxis. El plan anunciado por Sánchez también contempla controles patrimoniales aleatorios anuales para altos cargos, para vigilar que no hayan obtenido un beneficio indebido mientras están en el cargo. Para reforzar el control de los partidos políticos y fundaciones, reducirán el plazo de publicación de sus cuentas a un mes desde la recepción de una donación y se rebajará el importe económico de la subvención o donación que están obligados a publicar: de 25.000 a 2.500 euros.

Agravar “un tercio” las penas

Por otro lado, respecto a la protección a quienes denuncien casos de corrupción, Sánchez ha recordado que ya está en vigor la ley de protección del informante, aunque considera que ha quedado claro que “no es suficiente” y por tanto pretende llevar a cabo una reforma de la Lecrim para que cualquier persona que acuda a la Fiscalía, la Policía o a un juez a denunciar casos de corrupción tiene que tener “garantías plenas de confidencialidad, de protección y de apoyo legal”. En la misma línea quiere exigir a las empresas que tengan canales internos de denuncia y obligará a todas las administraciones a incorporarlos. “Nuestra lucha contra la corrupción no puede basarse en rumores ni tampoco en acusaciones vacuas, pero tampoco puede permitirse que se pierdan en los pasillos”, ha señalado.

En el plano judicial, el plan anunciado por Sánchez contempla agravar “un tercio” las penas de prisión y hasta 15 años de inhabilitación absoluta y además vincular los beneficios penitenciarios a la completa restitución de las cantidades obtenidas por prácticas corruptas con intereses añadidos. Además, pide recuperar el delito de administración desleal del patrimonio público. Dará, asimismo, carácter preferente a las causas en las que estén involucrados cargos públicos y se creará un procedimiento “sumario” para los mismos que evite “dilaciones indebidas” y asegura que remitirá a las Cortes el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que incluye una reforma estructural del modelo de instrucción penal, atribuyendo esta competencia al Ministerio Fiscal.

El jefe del Ejecutivo pretende asimismo aumentar las multas a las empresas corruptoras calculándolas sobre sus ingresos anuales y no sobre los beneficios obtenidos y pondrá en marcha un sistema de exclusión y “de listas negras” para impedir que empresas condenadas puedan seguir contratando con el sector público. La idea del Gobierno es hacer lo mismo en las organizaciones políticas, endureciendo sanciones por infracciones contables y retirando subvenciones públicas a quienes mantengan en sus listas, estructuras o direcciones, a condenados por corrupción.