La cuestión de confianza que reclama el Congreso obligaría a Sánchez a irse si no suma más votos que la oposición
La cuestión de confianza que el Pleno del Congreso ha pedido este jueves al presidente Pedro Sánchez es un mecanismo constitucional a disposición del Gobierno para medir su respaldo parlamentario y, para superarla, exige el apoyo de la mayoría simple de la Cámara Baja, pero tiene el riesgo de que, en caso de perderla, implica la dimisión del Gobierno y, muy posiblemente, la convocatoria de elecciones. La sugerencia al presidente para que se someta a la cuestión de confianza ha salido aprobada n el Congreso con el apoyo del PP, Vox, Junts, Coalición Canaria y UPN, que han sumado 178 votos, por encima de la mayoría absoluta.
En las filas del PSOE lo había planteado el presidente castellanomanchego, el socialista Emiliano García-Page, que en su reciente intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press dijo que España está “bloqueada”, como demuestra que ni siquiera se presentan los Presupuestos Generales del Estado, y aconsejó la cuestión de confianza para depurar la situación política. El propio Pedro Sánchez, cuando estaba en la oposición, exigía a Mariano Rajoy someterse a la cuestión de confianza si no lograba sacar los Presupuestos de 2018 y así se lo recordó meses después el entonces líder del PP, Pablo Casado, al líder del PSOE tras prosperar la moción de censura.
Tanto la cuestión de confianza como la moción de censura están recogidos en la Constitución de 1978, en los artículos 112, 113 y 114 dentro del Título V que regula las relaciones entre el Gobierno de la Nación y las Cortes Generales. Según señala el artículo 112, el presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza ya sea sobre un programa concreto o sobre una declaración de política general.
El Reglamento del Congreso detalla que ese escrito del Gobierno será trasladado a la Junta de Portavoces de la Cámara y se convocará una sesión plenaria para debatirla, siguiendo los protocolos de un Debate de Investidura. Finalizado el debate, se fijará hora para la votación, que no podrá ser antes de que pasen 24 horas. Como en los Debates de Investidura, la votación será pública y por llamamiento, con los diputados poniéndose en pie y anunciado su voto en voz alta. La confianza que demanda el presidente del Gobierno se entenderá otorgada cuando vote a favor la mayoría simple de la Cámara, es decir, más síes que noes, lo que supone es decir más votos a favor que en contra, lo que supone un respaldo menor del que se exige una moción de censura (mayoría absoluta).
Y si el Congreso niega la confianza al presidente del Gobierno, éste deberá presentar su dimisión ante el Rey para que el Jefe del Estado ponga en marcha el procedimiento de designación de un nuevo presidente (consultas, investidura y votación).
Desde la Constitución de 1978 dos han sido los presidentes del Gobierno que se han sometido a una cuestión de confianza. En septiembre de 1980 fue Adolfo Suárez, de UCD, quien reclamó apoyo a la Cámara para superar la crisis y desarrollar el estado autonómico recién aprobado en la Carta Magna. La superó con creces al sumar 180 síes (UCD, Minoría catalana y andalucistas, básicamente) frente a 164 noes y dos abstenciones. Diez años después, en abril de 1990, el socialista Felipe González se sometió a la cuestión de confianza tras los problemas en el recuento de escaños en varias circunscripciones en las elecciones celebradas meses antes, en las que el PP impugnó en los tribunales los resultados de Murcia, Pontevedra y Melilla. Al final, el PSOE superó el trámite con sus 175 diputados más un representante de la Agrupación Independiente de Canarias (AIC), frente a 130 noes y 37 abstenciones.