Feijóo acusa a Sánchez de “querer controlar” el Tribunal Constitucional
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha abierto a negociar con el PSOE la renovación del Tribunal Constitucional con requisitos que garanticen su independencia. Sin embargo, considera que Pedro Sánchez, quiere continuar “controlando” este tribunal y “prolongar el mandato” del presidente de la corte de garantías, Cándido Conde-Pumpido, a pesar de que caducará el próximo mes de diciembre. Feijóo ha achacado esa intención al líder del Ejecutivo porque “el Tribunal Constitucional está actuando por primera vez también de tribunal de casación del Tribunal Supremo y dejado sin efecto sentencias como es el caso de los ERE de Andalucía”. Y ha avisado de que “por primera vez en la historia”, se ha dado el “precedente preocupante” de que los jueces españoles han acudido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra las decisiones del Constitucional.
“El PSOE controla el Tribunal Constitucional y el objetivo del señor Sánchez es seguir controlándolo”, ha pronunciado el jefe de la oposición al ser preguntado por la renovación de los magistrados del TC cuyos mandatos caducarán a finales de año: el propio Conde-Pumpido, la magistrada del bloque progresista María Luisa Balaguer y los magistrados del ala conservadora Ricardo Enríquez y José María Macías. Sus sustitutos los tiene que nombrar el Senado, donde los “populares” tienen mayoría absoluta, pero insuficiente para hacer los nombramientos en solitario. Feijóo ha condicionado la renovación pactada a que se cumplan “requisitos”.
Feijóo ha señalado que “el objetivo número uno del PSOE” es “prolongar el mandato de Conde-Pumpido”, por lo que duda de que se produzca un acuerdo. Entre esos requisitos ha mencionado que no pueda ser elegido alguien que hubiera tenido actividad política en los últimos cinco años y que haya mayorías reforzadas de 13 votos para hacer nombramientos. “Y con esas dos cuestiones yo pacté”, ha recalcado. “Ese es el pacto que a mí me interesa. Aquello que garantice la independencia del Poder Judicial o la independencia del Tribunal Constitucional”, ha reivindicado.
Para Feijóo, “este Tribunal Constitucional no ha acreditado independencia” y lo que “no tiene ningún sentido que un ministro del Gobierno del señor Sánchez, una asesora del señor Bolaños en Moncloa y un ex fiscal general del Estado estén en el Tribunal Constitucional de nuestro país”, ha reprochado, en alusión a Conde-Pumpido y los también magistrados Juan Carlos Campo y Laura Díez. Una situación que, si gobierna el PP, “no será posible porque la autolimitación acredita la exclusión de la actividad política de los últimos cinco años y la acreditación de la independencia y de la formación”.
Respecto al procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, Feijóo ha incidido en que “aquel que persigue delitos no puede estar acusado de haberlos cometido”. En su opinión, detrás de la defensa que el Ejecutivo hace de García Ortiz está “la intencionalidad de desacreditar la independencia judicial, de generar dudas sobre todos los sumarios que les afectan, porque afecta a la familia del presidente, al Gobierno y al partido del presidente” en las causas abiertas por presunta corrupción. Por esa razón “se está presionando al fiscal general para que no presente su dimisión”, según Feijóo, que ha criticado que “se trata de iniciar una esfera de incertidumbre y de interrogantes de si lo que le afecta a la familia, al Gobierno o al partido es correcto o, por el contrario, es un acoso hacia el Gobierno por parte del Poder Judicial”.
Feijóo ha expresado que, con el Estatuto del Ministerio Fiscal en la mano, el Gobierno tiene suficiente apoyo legal para cesar al fiscal general, antes de señalar que si llega a Moncloa, el próximo jefe de la Fiscalía “tendrá que tener una serie de limitaciones”. Algunas como no haber tenido “ningún tipo de relación en los últimos cinco años con ningún cargo político” y contar con el “visto bueno” del CGPJ. Feijóo se ha comprometido a “no nombrar a ningún político en la Fiscalía General del Estado” y a someterse “al veredicto del Consejo General del Poder Judicial para acreditar que esa persona es idónea”. También se ha referido al informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), que es “un varapalo al Gobierno sin precedentes” porque “España es uno de los países con mayor índice de corrupción en los últimos años de Europa”. Según el líder de la oposición, se están “destruyendo los principios básicos de las democracias fundamentales en nuestro país”.