El Supremo descarta enviar a Ábalos a prisión tras el último informe de la UCO
El instructor del “caso Koldo” en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha rechazado la petición de las acusaciones populares lideradas por el PP de enviar a prisión provisional al exministro de Transportes José Luis Ábalos tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que revela “ingresos irregulares”, al considerar que en este caso el riesgo de fuga no es “lo suficientemente intenso”. Así, el magistrado ha coincidido con la Fiscalía en que lo pertinente es mantener las medidas cautelares que tiene vigentes, es decir, prohibición de salida del país, retirada de pasaporte y comparecencia periódica en sede judicial. Puente ha adoptado esta decisión tras la vistilla que se ha celebrado este miércoles para revisar las medidas cautelares de Ábalos, después de que el exministro se acogiera a su derecho a no declarar alegando que se siente indefenso tras las últimas discrepancias con su abogado, José Aníbal Álvarez, que le ha acompañado en este último trámite. En el auto, dictado este mismo miércoles, el magistrado ha explicado que persisten los indicios de criminalidad que aparecían ya seriamente consolidados en informe de la UCO de 5 de junio —sobre los presuntos amaños de obra pública—. Y ha recalcado que el último informe del 3 de octubre —sobre los “ingresos irregulares” de Ábalos— viene a “incrementar” la “existencia y robustez” de dichos indicios, poniendo de relieve que el exministro, “sin hacer uso de cantidad alguna en metálico procedente de sus cuentas bancarias durante varios años, efectuó significativos ingresos en metálico en esas mismas cuentas”. Con todo, el instructor ha descartado que en este momento exista riesgo de que Ábalos vuelva a delinquir o de que altere las fuentes de prueba que sostienen la causa. Sin embargo, sobre el riesgo de fuga, ha manifestado que coincide con el fiscal en que concurre “un riesgo cierto, aunque no lo suficientemente intenso”, de que el diputado “pueda sustraerse a la acción de la justicia”.
En la misma línea, ha puntualizado que en este caso el riesgo de fuga resulta “creciente”, “conforme el conjunto de indicios de la posible comisión de graves delitos, sancionados con penas privativas de libertad muy significativas, se robustece”. Además, ha indicado que el riesgo de fuga también aumenta “conforme se aproxima la fecha de celebración del juicio oral”, anticipando que entonces sí podría acordar medidas más restrictivas. La cercanía de la vista oral, ha avisado, “pudiera justificar, como sugirió el fiscal en su informe, la adopción de medidas cautelares más gravosas en lo porvenir”. Así las cosas, ha recalcado que en este punto de la investigación hay indicios de “cuando menos” presuntos delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias y cohecho; ello “sin perjuicio de ponderar también la posible existencia de un delito de malversación de fondos públicos”.