El impuesto a las grandes fortunas recauda 623 millones, el 89% en Madrid

El impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas ha recaudado 623 millones de euros en 2023, la mayor parte en Madrid, con 555 millones de euros, según ha informado este miércoles el Ministerio de Hacienda y Función Pública. En total, 12.010 grandes patrimonios, que representan el 0,1% de los contribuyentes en España, han abonado por este impuesto, complementario al de Patrimonio, una cuota media de 52.000 euros. “Esta figura tributaria cumple el objetivo marcado por el Gobierno de avanzar en una política fiscal más progresiva en el que se pide un mayor esfuerzo a quienes más tienen en un contexto de alza de precios por la guerra de Ucrania”, ha subrayado el Departamento que dirige, en funciones, María Jesús Montero. El impuesto de solidaridad a las grandes fortunas afecta a los patrimonios netos superiores a 3 millones de euros, se devenga el 31 de diciembre de cada año y la presentación de la declaración se produce entre el 1 y el 31 de julio.Hacienda recuerda que este impuesto estatal tiene carácter temporal, pues se ha diseñado para los ejercicios 2023 y 2024.

Para evitar la doble imposición, los contribuyentes sólo tributan por la parte de su patrimonio que no haya sido gravado por su comunidad autónoma en el Impuesto sobre el Patrimonio.

De esta forma, en el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas se aplica una deducción de la cuota satisfecha en el Impuesto sobre el Patrimonio, descontando del pago de este nuevo impuesto lo abonado por el de Patrimonio. Por este motivo, Hacienda precisa que la recaudación se ha obtenido, principalmente, de los grandes patrimonios de comunidades autónomas que tienen bonificado total o parcialmente el Impuesto sobre el Patrimonio, como es el caso de Madrid, que ha proporcionado el 89% de la recaudación. Sumando los ingresos obtenidos por el impuesto de solidaridad de grandes fortunas y el Impuesto sobre el Patrimonio, la cifra de recaudación de este año supera los 1.868 millones de euros. “Estas cifras son consecuentes con las previsiones del Gobierno que apuntaron que el potencial recaudatorio del impuesto de grandes fortunas alcanzaba los 1.500 millones, bajo el supuesto de que todas las comunidades autónomas aplicaran una bonificación del 100% en el Impuesto sobre el Patrimonio”, defiende el Ministerio.

Madrid y Andalucía las que más aportan

Según ha remarcado Hacienda, “tal y como estaba previsto”, la mayor parte de los contribuyentes del impuesto de solidaridad a las grandes fortunas residen en comunidades que han renunciado a recaudar por Patrimonio. Así, de los de los 12.010 declarantes, la mayoría corresponden a grandes patrimonios de Madrid (10.302 contribuyentes), que han aportado 555 millones de euros.

Les siguen los contribuyentes de elevado patrimonio de Andalucía (865 declarantes), que han abonado 29,7 millones; y los grandes patrimonios de Galicia (91), con una cuota a pagar de 9,8 millones. Estas tres comunidades suman más del 95% de los contribuyentes y de la recaudación. Tras ellas se sitúa Cataluña, con 322 declarantes y 2 millones de euros de recaudación; Cantabria (9 declarantes y 400.000 euros); Comunidad Valenciana (17 declarantes y 200.000 euros recaudados), y Asturias, con 10 declarantes y una cuota a pagar de 100.000 euros.

Los no residentes y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han aportado 26,2 millones de euros tras declarar este impuesto 342 grandes patrimonios.

Madrid plantea nueva medidas judiciales contra el impuesto

La Comunidad de Madrid ha presentado nuevas acciones judiciales contra el Impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, impulsado por el Gobierno central, al considerar que “invade las competencias de las autonomías en materia fiscal y financiera”. Lo ha anunciado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, en la rueda de prensa posterior a la reunión Consejo de Gobierno, celebrado en la Real Casa de Correos. En esta ocasión, se ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la orden del Ministerio de Hacienda que aprueba el modelo para su liquidación. Esta es la segunda iniciativa que emprende el Ejecutivo madrileño contra este impuesto estatal que ya recurrió en marzo ante el Tribunal Constitucional. “Consideramos que este impuesto invade las competencias de las comunidades autónomas en materia fiscal y financiera, lesiona, además, de forma muy grave, la seguridad jurídica y viola el principio de lealtad institucional”, ha expuesto el ‘número dos’ del Gobierno regional.

Concretamente, ha detallado que se vulnera la Carta Magna en seis aspectos. Por un lado, desde el Ejecutivo madrileño apuntan a que “invaden competencias” porque creen que “se ha creado un impuesto para dejar sin efecto las competencias tributarias en materia de Patrimonio que tienen las comunidades autónomas, quebrando ese principio de lealtad constitucional”. Asimismo, inciden que con este impuesto se rompe “la autonomía financiera de las comunidades autónomas, ya que afecta a la política fiscal de cada región”, así como se viola el “principio de igualdad, porque no se trata por igual a los contribuyentes españoles”. Consideran que afecta, concretamente, a los madrileños y los andaluces.

Además, creen que se ha vulnerado “el procedimiento”. En este sentido, García Martín ha criticado que se aprobase “mediante un procedimiento que ha impedido que los diputados puedan presentar enmiendas, además de no contar con ninguna memoria económica ni dictamen de ningún tipo”, así como se ha lesionado la “seguridad jurídica”, ya que se ha aprobado un impuesto “con efectos retroactivos”. Por último, el titular de Presidencia ha denunciado la “falta de motivación”, ya que “el Gobierno de España con esa subida generalizada de los impuestos y también con esa subida de la inflación está en recaudaciones históricas”. García ha sostenido que en Madrid seguirán “apostando por una fiscalidad equilibrada con impuestos bajos que ha demostrado ser eficaz para dinamizar la economía, mejorar la recaudación y con ello mejorar los servicios públicos”. “En todo lo que podamos vamos a defender los intereses de todos los madrileños porque, en definitiva, detrás este impuesto hay un perjuicio para la región”, ha defendido.