Víctimas de Adamuz critican la “gestión sanitaria” del accidente y piden una “exhaustiva investigación”

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha registrado un escrito ante el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la que critica “los gravísimos acontecimientos sucedidos con respecto a la gestión sanitaria de asistencia del 061 y 112” tras el siniestro ferroviario acaecido el 18 de enero y que causó 46 víctimas mortales. Por ello, reclaman “una exhaustiva investigación de lo sucedido” y que “se depuren las correspondientes responsabilidad políticas y jurídicas al respecto”.

La organización, a través de su abogado Antonio Benítez Ostos, en este escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, explica que, además de al presidente de la Junta, se han presentado los correspondientes escritos de denuncia ante la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y al Defensor del Pueblo Andaluz.

Además, se señala que se dará traslado de estos hechos y denuncia a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), quien está llevando la investigación, ya que, de confirmarse estos hechos, “sería una posible y manifiesta responsabilidad patrimonial por un función anormal de la Administración Pública, entre otros posibles reproches jurídicos”. “Igualmente, conviene destacar que el mal funcionamiento de comunicación con los servicios de emergencias también se produjo a nivel estatal”, han precisado en el escrito.

En este sentido, la asociación indica que el reciente informe de la Guardia Civil recibido señala que del estudio inicial de las grabaciones de los distintos operadores de emergencias, Centro de Emergencias 112 Andalucía, Centro de Emergencias 112 Madrid, Centro de Protección y Seguridad (CPS) de ADIF en Sevilla y en Madrid, Centro de Regulación y Circulación (CRC) de Atocha en Madrid y Centro Operativo de Servicios de la Guardia Civil de Córdoba (COS) y, “a falta de ampliar las indagatorias con las correspondientes manifestaciones de los operadores”, se comprueba que “existió una importante confusión inicial, debido al gran volumen de llamadas simultáneas y desconcierto, vinculándose todas las llamadas de emergencia recibidas, como relacionadas con el tren Iryo”.

“Y las llamadas que alertaban del tren Alvia se interpretaron, bien como un accidente en el que no interviene una colisión con el Iryo y de menor gravedad o se confundieron como relacionadas con el accidente del citado tren Iryo”, continúa el escrito. Por último, la asociación recuerda que la protección de la salud y su correcta prestación es “un derecho constitucional expresamente reconocido en el artículo 43 de la Carta Magna que ha de ponerse en directa conexión con el derecho fundamental a la vida recogido en el artículo 15 de nuestra norma suprema”.