El juez procesa a siete exaltos cargos de la Junta por 261 millones en ayudas a trabajadores de Delphi

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra siete ex altos cargos de la Junta de Andalucía y otras cinco personas investigadas en una pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) centrada en la concesión y el pago presuntamente ilícitos de ayudas sociales individuales a extrabajadores de la empresa Delphi Automotive Systems España S.L. y su industria auxiliar por un montante total de 261.754.334 euros. En un auto fechado el día 15 de octubre y notificado a las partes personadas en este procedimiento, el magistrado toma esta decisión “por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos” de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental, dando traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de 20 días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación, según el auto facilitado por la Oficina de Comunicación del TSJA. El magistrado no estima necesaria la práctica de nuevas diligencias instructoras en una pieza separada del caso ERE. De esta manera, el instructor continúa el procedimiento contra cuatro exviceconsejeros de la Junta de Andalucía, dos ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social y un ex director general de la agencia IDEA, así como contra dos representantes sindicales de CC OO y UGT, dos “intrusos” y un directivo de Uniter, la mediadora que “intervino en la formalización de las correspondientes pólizas de seguro” de la Consejería de Empleo. El juez explica que las “subvenciones excepcionales” que describe en el auto fueron satisfechas con cargo al programa presupuestario 31-L. No obstante, “de las diligencias practicadas es posible deducir otras líneas de ayuda, distintas de las anteriores --y que también fueron concedidas y financiadas extramuros de cualquier forma de legalidad-- que habrían sido satisfechas con cargo a programas presupuestarios distintos, al margen así del programa presupuestario 22-E y 31-L de la Consejería”.