Denuncian ante la jueza de Montoro que el balasto usado en las vías de Adamuz incumple la normativa de Adif
Un exempleado de la empresa que suministra a Adif el balasto de las vías de tren advierte a la jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos, que el material empleado en la zona es “defectuoso por un exceso de desgaste y tendencia a fragmentarse bajo las cargas de la circulación” e “incumple la normativa técnica de Adif”, a la vez que le ha pedido ser testigo protegido y que valore como medida preventiva “la suspensión temporal del paso de trenes mientras se realizan comprobaciones e inspección técnica de la piedra sobre el terreno”. Así lo expone el extrabajador en un escrito presentado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press y que la jueza ha incorporado a la causa, y en el que subraya que “a la vista del desarrollo de las investigaciones que se instruyen por el accidente y observando que las indagaciones se están derivando hacia distintas hipótesis sin dar con la causa raíz del problema”, se ve en “la obligación moral y deber técnico de dar un paso al frente para facilitar de forma totalmente desinteresada la labor, aportando luz sobre la verdadera causa del deterioro de la infraestructura ferroviaria”. En concreto, explica que ostenta una trayectoria profesional de más de 30 años en fabricación, selección y control de calidad de áridos y balasto para infraestructuras ferroviarias, con conocimiento técnico especializado sobre la normativa de Adif, caracterización petrográfica y ensayos mecánicos de materiales. Si bien, fue objeto de despido como consecuencia directa de su “negativa explícita a participar en la fabricación, mezcla y comercialización de balasto que no cumplía con los pliegos técnicos ni con los estándares exigidos”. Dicho despido se encuentra judicializado. Destaca que al poner en conocimiento de la jueza “datos cruciales de trascendencia penal e interés público” derivados de su relación laboral, pide ser tratado con la condición procesal de testigo, acogiéndose expresamente a las garantías y derechos reconocidos en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (garantía de no represalia, reserva de identidad y protección integral al informante) y, en caso de estimarse un riesgo objetivo para su persona o entorno por la autoridad judicial se acuerden las medidas de protección previstas en la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales.
“Inclumpidor de normativa técnica de Adif”
De este modo, remarca que el balasto instalado en el tramo de Adamuz, “incumplidor de la normativa técnica de Adif”, proviene de la cantera en la que prestaba sus servicios. “Dicho material es defectuoso por exceso de desgaste y tendencia a fragmentarse bajo las cargas de la circulación, lo que provoca la generación de finos, la pérdida de asentamiento y la pérdida de firmeza en la banqueta de la vía”, asegura el exempleado, para apuntar que “por estricta prudencia técnica, responsabilidad en materia de seguridad ferroviaria y para comprobar de inmediato la veracidad de estos hechos”, pone en conocimiento de la jueza estas circunstancias para la adopción de medidas preventivas.
Al respecto, afirma que conoce “la ubicación exacta y puntos kilométricos donde fue instalado el balasto defectuoso”. Con el fin de “velar por la integridad de la prueba, garantizar la estricta cadena de custodia, evitar cualquier alteración del material y asegurar máxima transparencia procesal”, manifiesta su disposición a “revelar dichos puntos únicamente de manera presencial, solicitando formalmente estar físicamente presente tanto en la inspección sobre el terreno para señalamiento y toma de muestras junto a la fuerza instructora/peritos, como posteriormente en el laboratorio designado”. También, indica que “la realización de análisis y comprobaciones que se solicitan no constituye medida excepcional ni arbitraria, sino que está plenamente contemplada y reglamentada en la Normativa Técnica de Adif”, a lo que añade que “es un procedimiento totalmente legal, factible, técnicamente accesible y ejecutable en cualquier momento, resultando además de obligada e ineludible práctica en un contexto de investigación judicial por un accidente ferroviario”. Así, aclara que “la identificación científica del material es categórica: la piedra de la cantera suministradora posee una firma mineralógica y petrográfica única, por lo que la realización de análisis por lámina delgada y Difracción de Rayos X permite diferenciar fehacientemente el balasto vertido” procediendo de su antigua cantera del preexistente.
Documentación y albaranes de entrega
Igualmente, asevera que, una vez realizada la toma de muestras e inspección sobre la vía y “una vez que los análisis analíticos y ensayos mecánicos confirmen de forma fehaciente que el balasto incumple la normativa técnica exigida”, procederá “de inmediato a señalar e identificar ante investigadores o Juzgado el lugar exacto, frente de cantera o acopio de donde procede el material defectuoso dentro de la cantera, así como la ubicación del resto de vías ferroviarias y suministros afectados, facilitando la plena trazabilidad con documentación y albaranes de entrega”. Asimismo, “con carácter meramente secundario y para conocimiento de la investigación una vez comprobado lo relativo al balasto en la vía principal”, hace constar que “en la citada cantera/planta se fabrica y suministra piedra para mezcla bituminosa —aglomerado asfáltico— fuera de la normativa técnica aplicable —incumpliendo la Norma 6.1-IC de Secciones de Firme del Ministerio de Transportes y la norma UNE-EN 13043—, aspecto sobre el cual se ampliarán datos en fase correspondiente si la instrucción lo estima oportuno”. Por todo ello, solicita a la jueza que tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo y ordene su incorporación a la causa, así como que se le otorgue la consideración de testigo, garantizándose la protección de su identidad, “la reserva de datos personales y protección legal frente a cualquier represalia, conforme a la Ley 2/2023 y, en su caso, la adscripción al régimen legal de la Ley Orgánica 19/1994 de Protección a Testigos y Peritos en Causas Criminales”.
Actuación “Prioritaria e inmediata” sobre la vía
Como actuación “prioritaria e inmediata” sobre la vía, pide que se valoren y adopten medidas cautelares u oportunas relativas a la recomendación técnica sobre la parada preventiva del paso de trenes en dicho tramo, “al objeto de garantizar la seguridad vial e inspeccionar el estado real del balasto”. Y se le cite y autorice para estar presente tanto en la inspección técnico-ocular ‘in situ’ en los puntos kilométricos afectados de la vía para el señalamiento y toma de muestras, como en la comparecencia ante el laboratorio encargado de análisis durante la recepción y desembalaje de muestras, “garantizando la correcta cadena de custodia”, además de someter las muestras extraídas de la vía a los ensayos legal y técnicamente previstos en la normativa de Adif. La jueza valorará la pertinencia y necesidad de acordar la declaración del exempleado tras el resultado de los ensayos y análisis periciales pendientes sobre dicho material, según recoge en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que acuerda unir a la causa este escrito y con el fin de preservar su intimidad, procede, en la notificación a las partes, “a la anonimización de sus datos personales identificativos o que permitan su identificación, manteniéndose íntegros en las actuaciones”.