Zonas tensionadas

Entre todas esas cosas tan bonitas que dice la Constitución española que son de obligado cumplimiento y que aún están por hacerse efectivo, se encuentra el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, atribuyendo a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para llevar a cabo este derecho, como así lo establece su artículo 47. Pero al igual que sucede con la sanidad, la educación y otros tantos derechos y obligaciones que han ido cayendo en saco roto para beneficio de intereses privados extremadamente capitalistas, el buscarse un techo donde vivir es más que imposible para la inmensa mayoría de los habitantes de este país. Sobre todo en aquellos lugares que podríamos llamar las nuevas “ciudades estado”: grandes urbes sobrepobladas donde operan fondos buitres y grandes propietarios de pisos turísticos que compiten sin control en perjuicio de los establecimientos hoteleros del entorno, y que desplaza sin piedad a la población autóctona al extrarradio. Si por un lado está ese desbarajuste, por el otro estamos todas las demás poblaciones que nos quedamos sin gente, y los 4 millones de viviendas vacías que hay en España.