La voz discordante

Quienes firmamos esta declaración hemos tenido la honra de representar al pueblo español en las Cortes Generales a lo largo de las sucesivas legislaturas desde la constituyente. En esta grave hora que vive nuestra nación, el juramento o promesa de lealtad a la Constitución que hicimos nos impele, sintiéndolo como deber moral, manifestar nuestra honda preocupación y gran consternación por el contenido de los pactos de investidura y la presentación de una ley de amnistía que suponen una fractura de principios básicos del Estado de Derecho que los españoles establecimos en la Constitución como pilares de nuestra convivencia”. Así comienza un Manifiesto firmado por ciento cincuenta exdiputados y exsenadores del PP, PSOE, Ciudadanos, UPyD, UCD y Centro Democrático y Social, entre los que se encuentran dieciocho exministros y cuatro expresidentes del Congreso y del Senado. Dos jiennenses aparecen entre los opositores a los acuerdos convertidos en “trending topic” internacional. Se trata de Gabino Puche Rodríguez-Acosta, que lo fue todo en el Partido Popular, y Cristóbal López Carvajal, un referente indiscutible del socialismo en la provincia.

La iniciativa partió de los exdiputados populares Eugenio Nasarre, Javier Rupérez y Jaime Rodríguez Arana; los socialistas Pedro Bofill y José María Mohedano, y Elena Moreno, de la extinta UCD. Ni que decir tiene que, en el contexto actual, llama la atención la rúbrica de compañeros del propio partido del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con carné actualizado. Tal es el caso del jiennense Cristóbal López Carvajal, que el pasado mes de septiembre cumplió cincuenta años de militancia en una fuerza política que no la conoce ni la madre que la parió. Enemigo de las declaraciones públicas, lo único que trasciende es su honda preocupación por una trascendental situación política, comparable a la de aquel año en el que se aprobó la Constitución Española. Aquí el problema no está en los entendimientos con Sumar, harina de otro costal, sino en las negociaciones con Junts y, sobre todo, en el ataque directo a los estatutos federales en los que se sustenta el proyecto socialista. Lo dijo el expresidente Felipe González con aquello de “uno no puede saltarse la legalidad” y, ahora, lo refrenda un Manifiesto de quienes pretenden preservar la filosofía y la ideología de una fuerza política que quiere amparar los principios constitucionales. No puede ser que el voto afirmativo de la militancia a los acuerdos entre el PSOE y Sumar, en una consulta convertida en una obligación, se use como arma para aplaudir las rogativas de Carles Puigdemont. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina?

Dicen los entendidos en la materia que el mal precedente lo estrenó Pedro Sánchez en los primeros pactos que firmó, en su primer mandato, con el Podemos de Pablo Iglesias. El comité federal no tuvo vela en aquel entierro y, cuando fue convocado en Barcelona, ya era presidente quien hoy continúa en el mando. La política de hechos consumados es lo que tiene el patio de los críticos revuelto, aquellos que, como Cristóbal López Carvajal, abogan por razonar el poder antes de tomar decisiones en lugar de argumentar las medidas sin haberlas sometido a razonamiento alguno y, por supuesto, a votación. Está escrito en los estatutos del PSOE: Las políticas de alianza tienen que ser aprobadas por el comité federal. El problema es que esto ya no es lo que era. Antes existían los “turnos en contra”, la opinión de la militancia iba a misa y las discrepancias, siempre sanas, formaban parte del debate democrático antes de tomar una decisión en el órgano correspondiente, porque no corresponde a un secretario general dar el visto bueno a un referéndum, por ejemplo, sino a un congreso. Cada gobernante debe saber dónde están los límites de sus competencias y, en este caso, los abajo firmantes están convencidos de que, ahora, se han traspasado todos. Aunque duela la verdad, el silencio en la sala se impone cuando la política se convierte en una perfecta alternativa al desempleo. Esa es la realidad y ese es el trasfondo de las críticas de los discrepantes, al que se suma otro argumento que lleva a miles de personas a la calle: la amnistía. El histórico sindicalista, también jiennense, Cándido Méndez dijo en un artículo publicado en “El Mundo”, que la amnistía no puede ser una moneda de cambio para la investidura, porque no es lo mismo perdonar, “indultar”, que olvidar, “amnistiar”. Cristóbal López Carvajal, conocido sobre todo por su etapa como presidente de la Diputación Provincial, no está dispuesto a comulgar con ruedas de molino y, con derecho al pataleo, estampa su firma en un documento que tiene su peso en oro.

Desde que se conoció el resultado de las elecciones generales, él tenía la certeza de que Pedro Sánchez lo tenía todo bien atado para continuar como presidente del Gobierno. Juan Francisco Serrano, que encabezó la lista del Partido Socialista al Congreso de los Diputados por Jaén, juega un papel fundamental en el momento político actual de España. El exalcalde de Bedmar está al lado, en todo momento, del secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, y fue uno de los elegidos en la delegación que pactó la amnistía con el expresidente catalán que huyó en octubre de 2017 a Waterloo para evitar que la Justicia española lo juzgase por su declaración unilateral de independencia. Viajó a París, justo el mismo día que Pedro Sánchez llegaba al Palacio de La Zarzuela para recibir el encargo del Rey de ir a la investidura, y consiguió traerse el pan debajo del brazo. Para bien o para mal, no ha pasado desapercibido en la provincia el trabajo realizado por el jiennense dentro y fuera de España para conseguir lo que ya dejó de ser un secreto, una investidura anclada en un acuerdo de amnistía que tiene revolucionado el país. Unos le aplauden y otros, sin embargo, le señalan con el dedo por estar a las órdenes de su líder.

Hay quienes no daban un céntimo por el futuro de la Universidad Popular, casi condenada al olvido, y hoy en día está viva y colea. Dicen quienes están al pie del cañón de ese lugar convertido en fuente de sabiduría y entretenimiento que una de las personas que ha revolucionado el “patio” es el exconcejal Manuel Palomares. Esperaba formar parte del equipo de Gobierno de Agustín González, no estuvo incluido en la terna de la candidatura, pero el alcalde quiso contar con él en otros cometidos y lo situó al frente de la Gerencia de la Universidad Popular Municipal con gran acierto. Él es el alma de un organismo que lidera Carmen Rueda.