Protección por desempleo
La gran fortaleza de los sistemas de bienestar europeos es poder ofrecer protección a las personas, cuando por motivos ajenos a nuestra voluntad, perdemos la posibilidad de trabajar y recibir ingresos que nos permitan vivir con dignidad. Precisamente para dar respuesta a los imprevistos de la vida como la enfermedad, una discapacidad, la maternidad, el despido, etcétera, surgen las prestaciones sociales como la protección por desempleo, que debe ser coyuntural, pero que, en muchos casos por un edadismo profundo y estructural del mercado laboral, se convierte en una situación casi permanente hasta la jubilación. En España existen 1,4 millones de personas en desempleo de larga duración y de ellos más del 40% son personas mayores de 50 años.
La gran crisis de 2008 dejó fuera del mercado de trabajo a unas 800.000 personas trabajadoras de más de 50 años y la mayoría siguen “dando tumbos” por trabajos precarios, pero pocos han conseguir reorientar y encauzar con éxito su carrera profesional. La realidad social es que a pesar de que la edad de jubilación se ha alargado hasta los 67 años, no es fácil mantenerse en el empleo ordinario hasta esa edad, porque a partir de los 50 empezamos a sufrir una serie de estereotipos y prejuicios ligados a la edad, que provoca que las empresas y los empresarios decidan prescindir de ese talento senior. Planteo ese asunto al hilo del debate provocado la semana pasada, cuando por el voto en contra de podemos, PP y VOX se ha quedado sin aprobar el decreto-ley que, entre otras cosas, mejora la protección por desempleo para las personas mayores de 52 años.
La mayoría de estos parados que tienen difícil encontrar un empleo tienen derecho a una prestación de 480 euros hasta llegar a la edad de jubilación ordinaria. La reforma presentada subía esta prestación no contributiva a 570 euros los primeros seis meses, a 550 euros los siguientes seis, y volvía a los 480 a partir del año de prestación. Pero además garantiza la cotización de cara a la jubilación, para no mermar el derecho a la pensión contributiva, sobre todo porque estamos hablando de personas con largas carreras de cotización, que se ven abocados al desempleo por una falta real de oportunidades de seguir trabajando. Esto fue una medida que incorporó el gobierno de Zapatero, se recortó con el gobierno de Rajoy y recuperó y amplió el gobierno de Pedro Sánchez.
El recorte que ha argumentado Podemos para justificar su voto en contra, no es tal, ya que, aunque la cotización del subsidio por desempleo para los mayores de 52 años pase del 125% actual al 100% progresivamente, sigue siendo más alta la base por la que se cotiza, por el aumento del salario mínimo interprofesional, que ha vuelto a subir un 5% más, situándose en 1.134 euros mensuales. Es decir que en realidad no se reduce la base de cotización, sino que aumenta. La consecuencia directa del voto en contra es que las más de 700.000 personas que cobran ese subsidio dejarán de contar con 90 euros más mensuales, que aun siendo insuficiente mejoran notablemente la prestación.
El Gobierno debe seguir avanzado en propuestas que permitan más fórmulas de flexibilización de la jubilación y compatibilidad de empleos y prestaciones, dada la vulnerabilidad que sufrimos en el mercado de trabajo pasada la frontera de los 50, pero lo que no es serio ni justo es que partidos que se denominan de izquierdas y defensores de los derechos de los trabajadores voten en contra de estas mejoras necesarias.