Las reglas fiscales de la UE
Los países europeos que formamos parte de la Eurozona y que, consiguientemente, tenemos el euro como moneda común, nos vemos obligados a cumplir con las reglas fiscales de la Unión Europea, particularmente en lo que se refiere a los límites máximos que se han de cumplir con relación al déficit y a la deuda pública de los respectivos Estados. El Tratado de Maastricht (1992) ya establecía que los países que se integraran en la denominada “Tercera fase de la UE” y adoptaran el euro deberían cumplir con determinados criterios, tales como que la inflación no superara un 1,5 por 100 respecto a los tres países de la Eurozona con menor inflación, que los tipos de interés a largo plazo no debían sobrepasar en más del 2 por 100 la media de los tres Estados con menor inflación, que sus monedas nacionales no hubieran sido devaluadas en los últimos dos años y, por último, se exigía un adecuado control de las finanzas gubernamentales; en concreto, que el déficit presupuestario no superara el 3 por 100 del PIB y que la deuda pública no representara una cantidad mayor del 60 por 100 del PIB. Estas reglas de Maastricht fueron consagradas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento aprobado en la Cumbre de Dublín de 1996.
¿Qué ha pasado desde entonces? Pues nada más y nada menos que una quincena de años en los que se han concatenado varias crisis sistémicas, tales como la debacle financiera y la Gran Recesión de 2008, la crisis pandémica a partir de 2020 y la energética y de suministros tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. Según el informe del pasado otoño del Fondo Monetario Internacional, los países más endeudados de la Eurozona son: Grecia (deuda pública equivalente al 168 por 100 de su PIB), Italia (143,7), Francia (110), Portugal (108,3), España (107,3) y Bélgica (106). En suma, son muchos los países que no cumplen con la regla de estabilidad fiscal europea, por lo que se refiere al nivel de deuda pública. Otro tanto de lo mismo ocurre con el déficit público, aunque durante 2023 se ha moderado en la mayor parte de los mismos gracias a la mayor recaudación fiscal propiciada por la inflación. Es cierto que estaba vigente el denominado Procedimiento de Déficit Excesivo, cuyo objetivo era que los países del euro que presentasen niveles de déficit presupuestario y/o de deuda pública excesivos lo corrigieran. Ni que decir tiene que las crisis sucesivas de estas primeras décadas del siglo actual han relajado el control, anteponiendo al cumplimiento de las reglas fiscales, el relanzamiento de las economías nacionales, el sostenimiento del empleo y la atención a la población más afectada por las crisis. Desde luego, la situación no se puede prolongar indefinidamente, ya que la existencia de una moneda común exige la correspondiente disciplina fiscal.
Cuando finalizaba 2023 los países europeos cerraron un pacto para la reforma de las reglas fiscales, que con un claro acento alemán (defensora del mayor rigor), no deja de lado a los países con una posición fiscal más precaria (Grecia, Italia, Francia, Portugal, España y Bélgica). Así, lo que se ha exigido a todos los Estados es que aprueben un “’plan de ajuste fiscal”, por el que se comprometan a respetar un techo de gasto para que el déficit se coloque por debajo del 3 por 100 del PIB y que la deuda se mantenga en una senda descendente. El plazo que se da para el plan de ajuste es de cuatro años, aunque existe la posibilidad de que los mismos se amplíen durante tres ejercicios más, aunque en este caso el país deberá comprometerse a reformas e inversiones en ámbitos estratégicos, tales como la transición digital, la energética y la seguridad.
España ha cerrado 2023 con un déficit público cercano al 4 por 100 del PIB y con una deuda pública por encima del 107 por 100, por lo cual debe ponerse manos a la obra y presentar una senda que contemple ahora una reducción de la deuda pública de al menos un 1 por 100 anual y del 0,5 cuando la misma baje del 90 por 100. Difícil tarea la del gobierno, que se enfrenta al reiterado bloqueo del Senado a la aprobación de la senda de estabilidad y del techo de gasto.