Autonomías endeudadas
Insuficiencia financiera, endeudamiento, infrafinanciación, quitas de deuda, necesidad de un nuevo sistema que actualice al obsoleto actualmente vigente, etcétera, son algunas de las expresiones que acostumbramos a oír y leer cuando de la financiación de las comunidades autónomas se trata. Este es un tema que, como el río Guadiana, aparece y desaparece periódicamente del panorama mediático. La penúltima irrupción en el escenario público fue con motivo de las negociaciones para la investidura del actual Presidente del Gobierno de España durante el pasado mes de noviembre de 2023. En concreto, el acuerdo adoptado contemplaba que el Estado asumiría una cantidad próxima a los 88.000 millones de euros de deuda autonómica mediante la condonación parcial del pasivo de las comunidades de régimen común (todas menos País Vasco y Navarra). El “estallido del escándalo” y la “rasgadura de vestiduras” se nos echaba encima al saber que el pacto con los independentistas respondía a la quita de 15.000 millones de la deuda que Cataluña mantiene con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que es un mecanismo mediante el cual el Estado presta dinero a las comunidades autónomas para que estas no tengan que financiar su deuda en los mercados. La calma volvió cuando el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, prometió que habría “café para todos” y que la quita se extendería a todas las autonomías. En este contexto, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) ha estimado que en esa quita global le corresponderían 16.437 millones de euros a Andalucía, 15.000 a Cataluña, 12.927 a Madrid, 9.750 a la Comunidad Valenciana o 5.757 a Galicia, por mencionar a las principales receptoras. La tranquilidad imperó al saber que todas verían compensada en parte su deuda.
Solo habrían de pasar unas cuantas semanas para que de nuevo nos enfrentáramos a “aguas turbulentas”. En efecto, un artículo de Ángel de la Fuente, director de FEDEA, sugiere que se cree un fondo temporal de nivelación a fin de compensar transitoriamente a las comunidades autónomas peor financiadas y cuyo coste sería de 3.277 millones de euros: 1.409 para Andalucía, 1.148 la Comunidad Valenciana, 405 Murcia y 315 Castilla La Mancha. Los cálculos se realizan a través del denominado “Índice de financiación a competencias homogéneas por habitante ajustado”. Sé que el concepto es complejo, pero sí me entenderán si les digo que para una media nacional de este índice igual a 100, Murcia tenía 90,8; Valencia 92,1; Andalucía 94,3 y 95,0 Castilla La Mancha. La “bomba” informativa fue una reunión aparentemente improvisada, durante la inauguración de FITUR a finales del pasado mes de enero, de los presidentes de estas comunidades —tres del PP y uno del PSOE— en la que se conjuraron para reclamar al Gobierno este fondo extraordinario de financiación transitorio. Tras el impacto inicial, otra vez el tema de la financiación autonómica ha quedado sumergido.
Es de general aceptación que el actual modelo de financiación, que entró en vigor en 2010, requiere ser reformado, ya que el compromiso era revisarlo periódicamente, tal y como se hizo en 1992, 1997, 2002 y 2010. Parece evidente que en el “endiablado” escenario político de esta legislatura será una quimera inalcanzable el poder contar con un nuevo modelo más actualizado y más justo para las comunidades actualmente infrafinanciadas. Sí, hay lamentos de insuficiencia financiera, pero rara es la autonomía que no ha estrenado 2024 con rebajas tributarias millonarias a través de bonificaciones en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, deflación del IRPF y reducciones en la fiscalidad inmobiliaria (IBI), entre otros “regalos fiscales”. Así lo han anunciado La Rioja, Murcia, Canarias, Valencia, Cantabria, Asturias, Cataluña, etcétera.
No sé cuando aparecerá de nuevo el tema de la financiación y el de las quitas de deuda autonómica, pero sí sé que nunca se debería permitir que unos ciudadanos estén peor financiados que otros, que nunca deberemos admitir privilegios para ninguna comunidad autónoma, por muy necesaria que sea su “pacificación”. ¿Me entienden?