Asignatura pendiente

Si en la anterior legislatura vimos cómo la aplastante mayoría ultraconservadora que ejerce la justicia en España, siguió eternizando los casos de corrupción, espionaje a políticos y malversación de fondos donde el sujeto imputado es el Partido Popular, dejando también que se fueran de rositas estafadores que en pandemia se lucraron vendiendo mascarillas inservibles. En esta nueva legislatura ya vamos comprobando como los tribunales han pasado de decir qué es lo que está prohibido a decir lo que ha de hacerse, “han pasado de ejercer una función limitativa a otra legislativa, usurpando tareas propias de la política democrática” como bien explica la filósofa y politóloga Wendy Brown. Confiamos con más fe que convencimiento en que la justicia haga su trabajo sin coacciones ni injerencias, no válidas en un Estado democrático. Pero generación tras generación y después de muchísimas oposiciones memorísticas que se vienen haciendo desde el XIX repitiendo la misma monserga, y sin margen para una formación multidisciplinar que en muchos países europeos hace años que se prioriza. Jueces y fiscales en España, siguen atados al nudo que no pudo deshacer la transición.