Agua de borrajas
Según la RAE, “agua de borrajas” es una “cosa de poca o ninguna importancia, especialmente cuando en un principio parecía tenerla”. Es decir, quedarse algo en nada a pesar de la expectación suscitada. Los reciente casos de corrupción detectados en nuestro país a cuenta del negocio de las mascarillas en una época en la que la ciudadanía, asustada, no salíamos de nuestras casas son ciertamente descorazonadores. Quien iba a pensar que, en una nación con tantas muertes a las espaldas, se iba a generar un modelo institucionalizado de contubernios y trapicheos que dieran lugar al cobro de comisiones y a la adjudicación de contratos aliados presuntamente con la ilegalidad. A pesar de ello, los españoles y españolas de a pie ya no se extrañan de nada porque la corrupción hace ya mucho tiempo que llegó a nuestro país para quedarse e instalarse cómodamente. Después de los rifirrafes y cruces de acusaciones en las dos cámaras por parte de la clase política con argumentos irrisorios, aplaudidos constantemente en sus intervenciones y con el afán de poder comprobar quien es el más corrupto, comienzan a buscar en los entresijos familiares de unos y de otros para embarrar todo el proceso de corrupción en el que las responsabilidades políticas y, sobre todo éticas, brillan por su ausencia. Sin embargo, a los efectos de esclarecer lo ocurrido, se han creado Comisiones con el fin de coadyuvar en el cumplimiento de las funciones legislativas y de control del Congreso y del Senado. En este caso se trata de comisiones de investigación creadas en ambas cámaras para tratar un asunto de interés público relacionado con la corrupción.
La Comisión creada en la Cámara Alta, el Senado, centrará sus trabajos en los contratos públicos realizados durante la pandemia en los que parece ser que intervinieron determinados políticos, asesores y colaboradores. La Comisión creada en el Congreso no solo estudiará lo mismo que la anterior, sino que añade el análisis de otras presuntas estafas focalizadas en instituciones locales y autonómicas. En principio, este mecanismo, recogido en el artículo 76 del Título III de la Constitución en su capítulo primero, establece que sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas. Asistiremos, por tanto, de nuevo una vez más, a un tenso cruce de acusaciones por parte de los dos partidos políticos mayoritarios de las Cámaras y el enorme impacto en los medios de comunicación, que nos harán llegar la información en función de sus propias tendencias ideológicas que toda la ciudadanía sabe que “haberlas haylas”. Preparémonos para este nuevo espectáculo que se avecina con tintes de estreno a nivel nacional e internacional pero no esperemos ni dimisiones ni reconocimiento de participación en cualquiera de los procesos que se van a investigar. En el momento que escribo este artículo, un ministro del gobierno se ha declarado escéptico ante los resultados a los que puedan llegar las referidas comisiones y las comisiones de investigación en general, porque una comisión que pretende esclarecer cuestiones que están “sub judice” está abocada al fracaso sobre todo porque los implicados que comparecerán tienen derecho a no declarar, a guardar silencio. No es eso lo que espera la ciudadanía. Esperamos que haya un ejercicio de transparencia donde trascienda y aflore la verdad, de una vez por todas, sobre un caso de corrupción cuando la población española estaba inmersa en una grave crisis sanitaria. Este proceso de investigación no puede quedar en agua de borrajas que haga válida la frase atribuida a Churchill “si quieres que algo no se sepa crea una comisión de investigación”. “Cosas veredes”, amigo Sancho.