Carpetazo judicial al caso de espionaje político de Jamilena

Sin culpable ni juicio. Así parece que va a acabar el supuesto caso de espionaje político en el Ayuntamiento de Jamilena, denunciado, en junio de 2019, a días del comienzo de la actual legislatura por el entonces alcalde en funciones, el popular Crispín Colmenero, ahora en la oposición. Los hechos consistieron en el descubrimiento por parte del propio edil de una grabadora encendida en el que era su despacho. Se encontraba en un armario a unos dos metros de altura.

Un auto del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Martos al que ha tenido acceso Diario JAÉN dictó el archivo, después de cerca de alrededor de dos de pesquisas. El documento indica que la Fiscalía interesó el sobreseimiento provisional porque, aunque se reconoce que hubo delito, no hay “motivos suficientes para acusar a una persona determinada”. La solicitud, añade el escrito, cuenta con el respaldo de la acusación particular. La decisión ya es firme. La consecuencia práctica es que no habrá nuevas indagaciones salvo que antes del plazo de diez año aparecieran pruebas en relación con el asunto.

El Ministerio Fiscal en su comunicación al juzgado marteño constataba que el principal sospechoso, al que se tomó declaración en calidad de investigado, negó su participación en los hechos, argumentó que había desavenencias con la persona que encontró la grabadora —el propio Crispín Colmenero— y alegó que cualquier trabajador tenía acceso tanto al lugar en que se halló la grabadora como al despacho. Añade que el documento que solo existían “meras sospechas”, pero sin prueba de cargo “clara e inculpatoria”, por lo que invoca el principio jurídico de “in dubio pro reo” —que supone que en caso de duda debe obrarse en favor del acusado—.

“culebrón”. El descubrimiento se produjo cuando había mucha incertidumbre, dado que tras las elecciones de mayo de 2019, el PSOE tenía cinco ediles, peor no mayoría absoluta. La llave estaba en los tres ediles de Aupa Jamilena. El PP tiene dos actas y Cs, una. La Guardia Civil comenzó una investigación minuciosa que determinó la “imputación” de un miembro de la candidatura de Aupa, trabajador municipal, al que incluso se atribuía la propiedad del aparato. Se interrogó a múltiples personas del entorno. El ambiente estaba marcado por numerosos comentarios y por las negociaciones pa- ra constituir la futura Corporación.

El despacho de Colmenero estaba, de manera provisional, en el edificio del centro de usos múltiples. Cuando llegaron los agentes la grabadora seguía en marcha. Quedó en posesión de la Benemérita, que analizó el contenido. Además, se tuvo en cuenta la declaración del propio político popular, quien aseguró que había recibido un aviso sobre el espionaje. Se puso el foco en las personas con acceso a estas dependencias municipales, hasta que se estrechó el foco en la citada persona. Sin embargo, la Justicia no da por buenos los indicios, de manera que queda este empleado queda exculpado de cualquier sospecha a la vista del auto de sobreseimiento provisional.