Malestar por la eliminación de la oficina liquidadora

El alcalde de Andújar, Francisco Huertas, visitó el Registro de la propiedad del municipio para conocer las consecuencias de la decisión de la Junta de Andalucía de modificar el papel que los registros realizaban como oficinas liquidadoras.

La decisión de la Junta supone la eliminación de 67 oficinas en todo el territorio andaluz una de ellas la iliturgitana, quedando en la provincia tres —Úbeda, Martos y La Carolina— de las 12 que existían antes del recorte, lo que el PSOE calificó hace unos días como un “nuevo golpe al medio rural” por parte del Gobierno regional.

Huertas declaró que el servicio “ha sufrido una importante merma” en sus funciones que provoca en la ciudadanía “inseguridad jurídica”.

El primer edil explicó que “se ha pasado a ser únicamente un mero buzón de entrada en detrimento del servicio de asesoramiento, comprobación y seguimiento que se estaba prestando hasta ahora”.

Huertas señaló que esta situación “provoca” que los usuarios de los 11 municipios que atendía la oficina de Andújar se trasladen hasta La Carolina para “seguir recibiendo ese asesoramiento en materia tributaria y seguimiento de la tramitación de los expedientes que la oficina de Andújar les ofrecía gratuitamente”.

Así, Huertas subrayó que los expedientes se concentran “en solo tres oficinas a nivel provincial que podrán correr también riesgo de colapso”. Además, criticó que los medios informáticos para cubrir las funciones de registro “aún no están totalmente operativos”.

Huertas indicó que el nuevo sistema de citas previas “ralentiza” también la atención y “provoca que los usuarios tengan que pedir una cita por trámite, obligándoles a acudir a la oficina en repetidas ocasiones”. Según Huertas, el servicio de atención personal y gratuita al contribuyente en horario de tarde durante la campaña de la Renta “se ha eliminado”.

Por otro lado, el 60 por ciento de las personas que acudían a las oficinas diariamente se desplazaban desde otros municipios de la comarca, “lo que suponía también un beneficio económico para la ciudad”, indicó el primer edil.

“Vamos a dejar de recibir diariamente a un alto número de personas que venían a la oficina liquidadora a hacer sus gestiones y que consumían en nuestro sector comercial y hostelero”, manifestó.

En palabras de Huertas, “la forma apresurada de adoptar esta medida ha derivado en múltiples improvisaciones que están generando perjuicios al administrado y que puede, todavía, generar mayores consecuencias por la cantidad de expedientes en tramitación que han quedado paralizados”. “La falta de planificación ha convertido esta decisión en una gran chapuza”, destacó el edil.

“Hacemos un llamamiento a la Junta de Andalucía para que revierta esta situación, ya que los perjudicados por esta decisión son los ciudadanos de Andújar, que dejarán de recibir así servicios públicos esenciales, que les proporcionan seguridad y asesoramiento jurídico”, apuntó el alcalde, que se mostró molesto ante la eliminación de ocho oficinas liquidadoras en la provincia, pero en particular la que funcionaba en Andújar.