Una pelea contrarreloj contra un desahucio en San Felipe

Dicen que creen mucho en Dios y confían en él, pero lo cierto es que, si su historia fuera un refrán, en este momento, sin llegar a ahogar, el Todopoderoso, está en fase de apretar. Juana Verónica y Alejandro tienen cinco hijos, el mayor de 7 años y la más pequeña, de 4 meses. Mientras el bebé está tranquila en su cochecito, su padre explica que, si nada lo impide, a finales de esta semana, todos se pueden ver en la calle. El motivo, como él mismo reconoce, es que no paga el alquiler social establecido para poder residir legalmente en una vivienda, en el barrio de San Felipe, que, con el Código Penal en la mano, okupó, como también admite. “Me la cedió uno que vivía aquí y se fue, por si a mí me interesaba”, precisa. “¿Que íbamos a hacer?”, pregunta retóricamente. Como muchos españoles, se vio en medio de un círculo vicioso del que no pudo salir. “He trabajado toda mi vida por mi cuenta, me gano la vida como fontanero y electricista, pero comenzó a faltarme trabajo y, llegó un momento, en que ni siquiera podía pagar la cuota de autónomos y tampoco el alquiler”, relata.

Llegaron al barrio de San Felipe, después de salir de una casa de Los Villares que no podían pagar. Aunque no entró de forma ortodoxa en su actual residencia, el banco propietario, tras estudiar su situación, accedió al establecimiento de una renta mínima: 140 euros. “Hace ya más de año y medio que no lo pago, pero es que no puedo”, deja claro. En concreto, según las fuentes consultadas, son 21 meses. Este incumplimiento de las condiciones pactadas por la entidad llevó a que los dueños acudieran al juzgado y se pusiera en marcha el proceso de alzamiento judicial, el pasado viernes.

La “suerte” que tuvo esta pareja es que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ya estaba en negociaciones con los propietarios. Ana Cárdenas, portavoz de este colectivo, narra que se consiguió paralizar el desahucio con el argumento de que, a pesar de que había un diálogo abierto para buscar una solución, el banco, de forma unilateral, paralizó las conversaciones. Estas razones sirvieron para dar a esta familia unos días más de tregua, que están a punto de concluir. El objetivo, apuntan desde la PAH, es hacer frente a la deuda acumulada, en torno a 1.600 euros, que puede quedarse en mil justos, apunta, y buscar alguna garantía que sirva de aval ante posibles nuevos impagos del alquiler. De esta forma, se quiere llegar a un nuevo acuerdo y establecer una nueva mensualidad que sea asumible por la familia.

En estos días, la PAH, además de llamar a las puertas de la caja de ahorros que es titular del inmueble, también mantiene conversaciones con Servicios Sociales del Ayuntamiento y otros organismos, para lograr una ayuda, además de apelar a la solidaridad ciudadana para que contribuya a hacer frente a la deuda acumulada. “Si no lo logramos, no sabemos lo que podemos hacer, porque, ciertamente, no tienen alternativa para alojarse”, sostiene Ana Cárdenas.

Alejandro, con raíces gallegas, y su esposa, a la que está unida desde hace nueve años, rezan y confían en la buena mano de los hombres y mujeres que se ofrecen a echarles una mano. “No nos falta de comer, pero no se lo que vamos a hacer si nos dejan fuera de la casa”, razona. “Cuando yo llegué, la vivienda estaba hecha polvo y, poco a poco, la he conseguido poner en condiciones, yo creo que les costaría trabajo venderla y, estoy seguro, que es mejor para los dueños que nosotros estemos dentro y la cuidemos”, argumenta este padre de familia.