Los populares instan a que los socialistas cumplan la sentencia

La sentencia del Tribunal Supremo sobre la expropiación del parque de Cantarranas da mucho que hablar. La justicia obliga al Ayuntamiento de la ciudad a hacer frente a casi 7 millones de euros, de los cuales 5 son en concepto de la expropiación del terreno y el montante que resta en concepto de intereses. El principal grupo de la oposición municipal fue el primero en opinar sobre el asunto, al mismo tiempo que exigió, en palabras de la edil del PP Ángela Hidalgo, que “se tomen medidas inmediatas para hacer frente al pago de las sentencias y evitar una situación financiera insostenible”. En este sentido, apuntó que, de prolongarse en el tiempo, puede producirse la “asfixia de la economía municipal”.

Además, Hidalgo apuntó a la “dirección local irresponsable” del Partido Socialista, un hecho que, según explicó, conduce a la ciudad al “abismo de una posible situación de quiebra”. “No queremos ser alarmistas, somos realistas, por lo que exigimos que se adopten medidas urgentes”, puntualizó. Los populares pidieron en su momento la destitución del concejal Luis Moya —primer teniente de alcalde hasta que el máximo dirigente municipal, Juan Fernández, ordenó el cese de sus funciones— y del responsable municipal de Medio Ambiente, Joaquín Gómez. Ahora, aseguran que reina el “oscurantismo” en torno a la expropiación del Cantarranas y que, en particular, la gestión de estos dos ediles “llevará a la ciudad a una situación financiera insostenible”.

“Podemos constatar con las sentencias en la mano que el importe total al que ascienden las expropiaciones vinculadas al parque Cantarranas es de 11 millones de euros en concepto de valoración de terrenos, intereses y costas, y estas sentencias serán firmes y ejecutorias antes de final de año”, aseguró Hidalgo sobre una tesitura que confiere a la resolución judicial el carácter de “obligado cumplimiento” para el Ayuntamiento.

La concejal del Partido Popular hizo hincapié en que el Gobierno municipal “recurrió una y mil veces las sentencias relativas a las cinco fincas, llegando incluso a presentar recursos extraordinarios que dilataron el procedimiento durante más de 12 años”. A este respecto, la edil lamenta la realidad, que no es otra que la que se puede ver cuando “todas las sentencias que salen, una tras otra, son desfavorables y condenatorias al pago de los importes que en 2006 fijó la Comisión de Valoraciones”. “Podíamos haber ahorrado 12 años de pleitos, intereses y costas, que se pueden traducir en 2 millones de euros aproximadamente”, subrayó. En esa misma línea, la concejal muestra su desasosiego porque, “como siempre”, el Ayuntamiento “llega tarde y mal”. Así, agregó: “El Gobierno central contempla una serie de medidas para la provincia de Jaén que ha beneficiado a 14 ayuntamientos, que recibirán un total de 50 millones de euros con cargo a los Fondos de Ordenación y de Impulso Económico, que se conceden para hacer frente a la ejecución o pago de sentencias judiciales firmes. Tendremos que esperar a otras convocatorias, llegamos tarde para acogernos a una medida que nos hubiera ayudado a paliar este agujero financiero”, dijo la edil.