Le piden 7.200 euros de multa por negarse a ser vocal electoral

El Juzgado de lo Penal número 2 de Jaén dejó visto para sentencia el juicio contra una vecina de Frailes para la que la Fiscalía pide una multa de 7.200 euros como presunta autora de un delito electoral. Supuestamente, la mujer se negó a desempeñar sus funciones como vocal en una de las mesas habilitadas en el municipio para las elecciones generales celebradas el 26 junio de 2016: “Dificultó la constitución de la mesa sin causa justificada para ello”, añade el Ministerio Público.

No obstante, la mujer alegó en el juicio que sí que se presentó en el colegio electoral, pero que tuvo que marcharse al sufrir una ataque agudo de lumbalgia, una dolencia que tiene diagnosticada y de la que está en tratamiento desde el año 1982. Por ello, la defensa de la acusada solicitó la libre absolución con todos los pronunciamientos favorables.

En el mismo juicio, también se sentó en el banquillo de los acusados otro vecino de Frailes, que había sido llamado como vocal suplente en esa misma mesa. Ese hombre también rechazó desempeñar sus funciones y se marchó del colegio electoral. La diferencia es que este acusado, identificado como L. E. L. Z., reconoció los hechos ante la magistrada del Penal número 2 de Jaén tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía. En virtud de ese pacto, aceptó un castigo de 720 euros de multa, que podrá pagar de forma fraccionada.

Por lo tanto, el juicio solo se celebró contra la primera de las acusadas. Las fuentes judiciales consultadas explican que la mujer había sido designada, inicialmente, como vocal de una de las mesas electorales de su pueblo. No obstante, presentó una excusa ante la Junta Electoral de Zona basada en que tiene familia numerosa a su cargo y que debía afrontar una ingente carga de trabajo en aquella época. Su solicitud fue denegada, con lo que tendría que comparecer en el colegio. Así lo hizo. Lo que ocurre es que, según explicó en el juicio, comenzó a sufrir fuertes dolores que le impidieron formar parte de su mesa electoral. De hecho, aclaró que tuvo que marcharse al centro de salud del municipio para ser atendida e, incluso, entregó el parte médico que le dieron en el que se le recomendaba reposo. No obstante, la Fiscalía sostiene que mantuvo una actitud basada “en dificultar la constitución de la mesa” y, por ello, solicitó una condena de 7.200 euros de cárcel. El juicio quedó visto para sentencia.