La revancha de Hacienda Las Cuevas

Como un amante despechado, que ve cómo le pisan el terreno y decide actuar ante al “ultraje” supuesto, Hacienda Las Cuevas, la sociedad propietaria de los terrenos en los que está proyectado el centro comercial “Santo Reino”, ha movido ficha judicial contra la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En un recurso interpuesto el jueves pasado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la mercantil objeta la calificación del suelo urbano ordenado (SURO) 6, donde el grupo almeriense Alvores pretende levantar el “Jaén Plaza”. “Se interpone entendiendo que se ha producido de forma ilícita e incurriendo, incluso, en fraude de ley”, apuntó el abogado de la sociedad, Francisco Romero, durante una rueda de prensa, en el Hotel Condestable.

Observado desde el fondo de la sala por su cliente, el letrado indicó que, “en el año 2010”, el convenio que la coalición formada por el PSOE e IU y Hacienda Las Cuevas suscribieron para la construcción del centro comercial Santo Reino, en Vaciacostales, contenía el “compromiso municipal de no calificar otro suelo” con el “uso pormenorizado de gran superficie minorista dentro del uso terciario”. El acuerdo no era “baladí”, esgrimió el abogado. “El compromiso de exclusividad responde a que la habilitación de superficies comerciales de este tipo va supeditada a una autorización de la Junta en la que se analiza la densidad poblacional del municipio y de su entorno” y, en función de la que tiene Jaén, aventuró que solo uno tendría demanda, “por lo menos, en un futuro relativamente inmediato”.

Para garantizarse esa exclusividad, dentro de una inversión que, en este tiempo, “supera los 4 millones”, Hacienda Las Cuevas “abonó más de 1.262.000 euros” al Ayuntamiento. Pero el compromiso comenzó a evaporarse, en 2012, con el convenio urbanístico que el PP rubricó con el grupo Alvores para la edificación de otro parque comercial, el cacareado “Jaén Plaza”, y que Romero puso en entredicho. En primer lugar, subrayó: “No está vigente porque supeditaba su eficacia a la nulidad del convenio de 2009 [para la construcción de la Ciudad Sanitaria] y el Ayuntamiento no lo consiguió por la negativa de los propietarios firmantes”. Y, en segundo lugar, cuestionó el músculo económico de Alvores. “Con 6.200 euros de capital social aún está por acreditar su solvencia”.

Recordó que el convenio “estaba a expensas de hitos urbanísticos”, y que Alvores: “Ni ha aportado dinero a las arcas municipales, ni ha comprado el suelo, porque lo ha supeditado a una condición suspensiva”. “La mercantil puede abandonar en cualquier momento el proyecto sin que se le suponga ninguna consecuencia económica”. Ante un convenio así, Romero reflexionó: “No entendemos que se haya antepuesto este proyecto al otro y, además, poniendo en riesgo las arcas municipales porque se le puede pedir responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento”.

Aunque el alcalde y el equipo de Gobierno local lo han negado taxativamente, el abogado criticó que la entidad local se haya convertido en “paladín” del “Jaén Plaza”: “Resulta cuanto menos oscuro o poco transparente el actuar de la Administración”. Y advirtió: “Mis clientes no están dispuestos a consentir este tipo de actuaciones”. Este es el origen del contencioso-administrativo contra la revisión del PGOU que Hacienda Las Cuevas interpuso el pasado día 21, dentro del plazo legal de 2 meses que tenía para hacerlo. La impugnación, por sí sola, no altera la tramitación del proyecto del “Jaén Plaza”. Pero la mercantil “no descarta” acciones judiciales más contundentes, como la suspensión cautelar. “Se verá en el procedimiento”, avisó el abogado.