La Justicia da la razón a la mujer que cayó en un pozo

El 12 de noviembre de 2009, María Dolores Castro se precipitó en un pozo de aguas fecales del Bulevar cuando regresaba caminando a su casa. La rescataron los Bomberos. Siete años, dos meses y once días después, la Justicia le ha dado la razón a esta vecina de la capital de 57 años. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha estimado la demanda, presentada por el abogado jiennense Ildefonso Martínez Quiles. Condena al Ayuntamiento y a la empresa Aqualia a indemnizarla con 117.104 euros. Y es que la arqueta por la que cayó no tenía tapadera y estaba protegida únicamente por unos tablones de madera, que cedieron nada más ser pisados por María Dolores. La sentencia considera que el mal estado de esta infraestructura es responsabilidad de la Administración local y de la empresa concesionaria del servicio de aguas.

Los hechos ocurrieron el 12 de noviembre del año 2009. La víctima salió de su trabajo como cocinera en un bar del polígono de Los Olivares y cruzó por los viales construidos justo detrás de la fábrica de galletas. En ese trayecto, cayó a un pozo de aguas fecales. la arqueta estaba oculta entre un montón de escombros y carecía de tapadera. María Dolores cayó a plomo desde catorce metros de altura. El impacto fue terrible. Malherida, permaneció en el agujero casi una hora. No podía moverse y tampoco veía nada. Lo único que hizo fue gritar para que la escucharan. Y alguien oyó los gritos de auxilio. Fueron dos niños, José y Alejandro, que estaban paseando a su perro por ese descampado. Ellos avisaron al 112 y los Bomberos pudieron rescatar a la mujer. Las heridas fueron graves. Pasó 19 días en el hospital y tuvo que ser operada varias veces. Tiene concedida una incapacidad permanente y total.

Ahora, y tras más de siete años de lucha, la Justicia le ha dado la razón. Inicialmente, la mujer demandó a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento porque no estaba claro a quién pertenecía la arqueta por la que cayó María Dolores. La sentencia establece que esa infraestructura pertenecía a la Administración municipal y su mantenimiento era responsabilidad de Aqualia, la empresa concesionaria del servicio. Ambas son condenadas a abonar una indemnización de 117.000 euros a la víctima por la negligencia que cometieron al no vigilar la instalación. “Es una resolución que hace Justicia a tantos años de lucha”, concluye su letrado, Ildefonso Martínez Quiles.