El quebrantador más contumaz

Un vecino de Jamilena tendrá que sentarse en el banquillo de un Juzgado de lo Penal para responder por, presuntamente, saltarse la orden de alejamiento que le impedía acercarse a su exmujer. El hombre, de 49 años y condenado varias veces por delitos relacionados con los malos tratos, quebrantó la medida judicial en 91 ocasiones en apenas cuatro meses, según el escrito provisional de la Fiscalía. El Ministerio Público reclama para Gabriel G. L. una condena de 91 años de prisión —uno por cada delito por los que está acusado—, si bien solo podrá cumplir un máximo de tres años de cárcel, ya que se le aplica la limitación del artículo 76 del Código Penal.

Los hechos se remontan al 30 de abril del año 2015. Ese día, este vecino de Jamilena fue condenado por un delito continuado de coacciones leves hacia su mujer. Entre otras cosas, el Juzgado de lo Penal número 4 le impuso una orden de alejamiento con respecto a la víctima. No podría acercarse a ella a menos de 500 metros durante un año y medio. Y, como Gabriel G. L. era reincidente, se le colocó un sistema telemático de control, una pulsera que controlaba todos sus movimientos. En concreto, el procesado debía llevar ese aparato hasta el 5 de noviembre de 2015, cuando expiraba la medida judicial impuesta.

Sin embargo, el fiscal asegura que este vecino de Jamilena quebrantó la orden. Y no una vez. Ni dos. En concreto, y según el Ministerio Público, lo hizo en 91 ocasiones entre finales de agosto y principios de noviembre de 2015. Lo hizo aún sabiendo “expresamente” de las posibles consecuencias que acarrearía acercarse a la víctima o no cumplir con las normas para el buen funcionamiento del sistema.

El Ministerio Público acusa a Gabriel G. L. de entrar en la zona de exclusión fija —determinados lugares por los que no podía pasar, como el domicilio de su mujer o su lugar de trabajo—, de no recargar las baterías de la pulsera y de, incluso, no llevar puesto el aparato. En concreto, y según siempre la Fiscalía, se saltó la orden en 91 ocasiones. Tendrá que responder por otros tantos delitos de quebrantamiento de medida con la agravante de reincidencia, ya que había sido condenado con anterioridad por hechos similares.

Su defensa tratará de demostrar dos cuestiones. La primera es que su cliente presenta algún tipo de trastorno mental, por lo que se ha pedido al juez que sea visto por los psicólogos del Instituto de Medicina Legal. La segunda es que la pulsera pudo sufrir algún tipo de avería. No obstante, la Fiscalía ha llamado a declarar como testigo al responsable técnico de estos sistemas de control para acreditar que el aparato no presentaba problema alguno.

Las fuentes judiciales consultadas confirman que no recuerdan en la provincia un caso con un número tan elevado de presuntos quebrantamientos de medida en tan corto espacio de tiempo. El juicio, para el que todavía no hay fecha, debe celebrarse en los próximos meses en un Penal.