El ministro busca apoyos en Bruselas a la regulación

Planas se muestra “optimista” con respecto a que la Comisión autorice a las cooperativas a almacenar aceite

16 jul 2019 / 09:06 H.

La solución para la crisis de los bajos precios en origen del aceite de oliva se está jugando en los despachos de la Unión Europea en Bruselas. La reunión de los ministros de Agricultura de los 27 es fundamental para buscar a una salida al grave problema que está afectando a los olivareros jiennenses, que están obligados a vender su oro líquido por debajo de los costes de producción. Y es que la Comisión tiene la llave para dar luz verde a la propuesta para que las cooperativas que quieran puedan almacenar temporalmente aceite en sus instalaciones. Luis Planas, el ministro de Agricultura en funciones, se mostró ayer “optimista” sobre la decisión de sus colegas europeos en un tema que calificó de fundamental”. En este sentido, el máximo responsable español explicó que ya mantuvo contactos la pasada semana “al más alto nivel de cara al tema de la autorregulación”. No obstante, ese optimismo no se traducirá en una medida a corto plazo: “Van a tardar en analizar la propuesta”, dijo Planas. ¿Por qué esa demora? Porque la decisión incumbe tanto a la Dirección General de Agricultura como a la de Competencia.

El ministro en funciones respaldó, desde el principio, la propuesta de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía. Se trata de almacenar temporalmente aceite en las instalaciones, con carácter voluntario. De este modo, se evitaría “el tobogán de subidas y bajadas del precio”, que se produce en función de las diferentes cosechas. El respaldo de Planas a este camino tiene mucho que ver con los tiempos, ya que la medida de la autorregulación es la única que podría activarse a corto plazo. De hecho, la Comisión tiene un límite máximo de cuatro meses para pronunciarse.

Además de esta vía, existen otras tres más que permitirían retirar aceite, pero con carácter obligatorio. Sin embargo, su activación parece mucho más lejana. La principal es activar el sistema de almacenamiento privado, un mecanismo recogido por la legislación europea, que implica la concesión de ayudas europeas para sacar el producto del mercado de forma transitoria para recuperar los precios. Se pone en marcha cuando la cotización desciende de forma notable. En concreto, y para el caso del aceite, exige que los precios se sitúen por debajo del umbral de 1,78 euros por litro en el virgen extra. El sector reclama desde hace años una actualización de estas cifras por considerar que se han quedado desfasadas.

La segunda es un artículo de la OCM que abre la puerta a que la interprofesional del aceite de oliva realice una retirada de producto obligatoria. El tercer camino se basa en un artículo que recoge medidas para mejorar el funcionamiento de los mercados, pero actualmente está reservado únicamente para el vino. El sector oleícola quiere ampliar su ámbito de actuación, pero esa propuesta solo puede ser debatida y aprobada en el ámbito para reformar la próxima Política Agraria Común (PAC).

Con este panorama, la medida de la autorregulación de las cooperativas parece la más avanzada. La próxima semana, el Ministerio tiene previsto convocar una mesa sectorial con el objetivo de analizar qué medidas tomar, una vez que se ha “pulsado” el ambiente en los pasillos de la Comisión Europea.

Negociación de la PAC y posición renovada con el acuerdo de Mercosur

La Comisión Europea ya está negociando la nueva Política Agraria Común, el marco normativo que regulará la producción agrícola en el continente entre 2021 y 2027. A su llegada a Bruselas, el ministro en funciones, Luis Planas, aseguró que el presupuesto comunitario debe ser igual al del periodo 2014-2020. Así, el máximo responsable de Agricultura anuncio que por la parte española “no habrá acuerdo sobre los presupuestos si no hay acuerdo sobre el reglamento”.

Otro de los asuntos de calada es el acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur. En este sentido, Luis Planas pidió a la Comisión Europea que reevalúe “los impactos positivos y negativos" para los distintos sectores agroalimentarios de este pacto y prevea en consecuencia la activación de salvaguardas si fuera necesario. “Lo que ocurre hoy no es lo mismo que va a ocurrir dentro de diez años. Va a haber evidentemente cambios y pedimos a la Comisión una evaluación más exacta de cuáles son los impactos positivos y negativos del acuerdo en los sectores", declaró. En opinión de Planas, se trata de un pacto comercial “positivo", que ha definido como “moderno, equilibrado y estratégico".