El bloque crítico insiste en renovar la junta directiva

Tras el cisma que se produjo en el seno de la Federación de Asociaciones de Vecinos Ciudadanos por Jaén, el bloque crítico defiende la legitimidad de su asamblea y alega que, en un documento de la Junta fechado a 6 de agosto, la Administración autonómica “recomienda a la entidad la actualización de cargos en Asamblea de la federación mediante su correspondiente convocatoria”. Con ello, este bando defiende que es el momento de originar cambios en la directiva y, en concreto, en la presidencia, sobre la que insisten en que no pertenece a Antonio Guerrero, sino a la Asociación de Vecinos Entre Cantones.

El movimiento que se ha generado en torno a la asamblea impugnada por la junta directiva actual de la federación parece haber roto en dos el corazón del coletivo vecinal. Ambos bloques defienden su realidad y, aunque estén en lugares totalmente opuestos con incluso un proceso judial entre medias, aún hay algo que los une: los dos aseguran que solo actúan para poder mejorar la situación de sus barrios para defenderlo a capa y espada. ¿Los puntos dispares? Hay muchos, pero por ahora el que más controversia genera entre ambos bandos es que, por un lado, el bloque crítico señala que la Junta recomienda la actualización de cargos (un segundo “round” que lanzan tras recriminar que la directiva estaba caducada). Mientras tanto, desde la junta actual encabezada por Antonio Guerrero, manifiestan que este documento es exactamente eso, una recomendación de la Administración autonómica que funciona más como información que comp obligación.

Asimismo, desde el bloque crítico, a cuyo frente está Jesús Díaz (presidente electo de la asamblea impugnada por la federación), se critica que se personifique tanto la presidencia en Antonio Guerrero, cuando, según señalan, pertenece a “Entre Cantones”, por lo que debería se presidente un representante de dicha asociación. La junta actual sostiene que, una vez se concede la presidencia, esta corresponde a la persona según sus estatutos, por lo que se mantiene en Guerrero. Ahora, ambos lados se enfrentan a un proceso judicial, que será el que determine quién lleva la razón y quién no.