El Ayuntamiento prepara un informe jurídico sobre Castillo

El Ayuntamiento trabaja para la elaboración de un informe jurídico que determine las posibles responsabilidades en las que incurrió la empresa concesionaria del transporte urbano, Autobuses Castillo, después de que, sin informar al Gobierno local, haya vendido dos microbuses que atendían a los viajeros de la línea 11. La Concejalía de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes recuerda que, al encargar este documento a los abogados de la Administración local, se da el primer paso para emprender acciones contra la compañía por la vía que se estime más oportuna para defender los intereses de la ciudad. Mediante una resolución de febrero de 2014, los responsables municipales, con su potestad de determinar el tipo de vehículos que anualmente debe adquirir el contratista para la prestación del servicio, trasladó la necesidad de adscribir microbuses a recorridos que, por la orografía y características lo aconsejaran, como es el caso de la línea 11, que conecta la zona sur, es decir, el casco antiguo, con un trazado urbano más sinuoso, con el resto de Jaén.

Con el plan de peatonalización, que entró en vigor a finales de noviembre del año pasado, el empleo de estos buses se hizo más necesario, ya que se determinó que solo un vehículo de transporte, de pequeñas dimensiones, pasaría por delante de la Catedral y el palacio municipal, en la Plaza de Santa María. De esta forma se busca limitar el impacto visual, la contaminación y los daños al pavimento. Sin embargo, por su cuenta y riesgo, según hizo público la concejalía, Castillo se deshizo de los dos coches de línea y, además, alteró el recorrido previsto. Ante esta constatación, el área que dirige Juan Carlos Ruiz remitió un requerimiento para la reposición inmediata de los microbuses. Ayer, como pudo comprobar este periódico, el servicio era atendido por un autobús de mayor tamaño, eso sí, recién matriculado.

La situación a la que se enfrenta Castillo puede compararse con el proceso emprendido contra FCC, adjudicataria de la limpieza viaria. En este caso, a través de la Oficina de Control de Contratas, que, eso sí, no fiscaliza la labor de la empresa de transportes, se enumeraron los incumplimientos del contrato en vigor. En base a ello, la multinacional puede verse obligada a hacer frente a sanciones por más de trescientos mil euros, en el caso de que se aplique la más severa de las penalidades previstas. Se desconoce aún cual será la solución que se adopte para Castillo o, si por ejemplo, se optará por ir a los tribunales finalmente. Tanto el PSOE como JeC, ante otras “irregularidades” en el transporte urbano, solicitaron el rescate del servicio. Este periódico trató, sin éxito, de conocer la versión de la firma sobre las decisiones tomadas por el Ayuntamiento jiennense.