Condena a Educación por no detectar un trastorno a una niña

Como dice su madre, Beatriz es “una niña normal y corriente”. “Como los demás”, remarca Eva María Blanca, una jiennense que ha vencido a la maquinaria de la Consejería de Educación en los tribunales y ha conseguido que la Junta sea condenada a pagar una indemnización de 41.896 euros por los daños y secuelas que han ocasionado a su hija. Durante catorce años, la Administración educativa se negó a reconocer que Beatriz presentaba un “trastorno específico del lenguaje” (TEL). Para Educación, la niña sufría “un déficit intelectual moderado”. “Me decían que era retrasada cuando no lo era”, lamenta la madre. El “empecinamiento” de la Junta hizo que la alumna no recibiera la atención adecuada a su situación ni las adaptaciones curriculares necesarias. “Para nosotros, lo importante no es el dinero, porque no soluciona los daños irreversibles que sufrió mi hija debido a la obcecación de una inspectora de Educación. Lo fundamental es que la Justicia nos ha dado la razón y se ha demostrado que la Junta se equivocó”, resume Eva María Blanca.

La lucha de esta familia, representada por el letrado jiennense Salvador Martín Valdivia, arrancó en el curso educativo 2003/2004, cuando la niña fue escolarizada en un colegio de la capital. Desde el principio, su aprendizaje fue muy escaso. Sin embargo, ninguno de los docentes advirtió ningún tipo de anomalía. “Yo les decía a los profesores que mi hija no hablaba y me contestaban que era una histérica”, relata. Eva María y su marido José Luis no se quedaron tranquilos y llevaron a Beatriz a un logopeda privado. La niña fue objeto de varias valoraciones de especialistas que coincidían que presentaba un “trastorno específico del lenguaje”. “Lo único que mi hija necesitaba es que, en el colegio, la enseñaran a hablar, igual que se enseña a leer y a escribir”, explica la madre. El problema es que no lo hicieron. Todo lo contrario. En el centro educativo se le diagnosticó “un déficit intelectual moderado”, lo que supone un diagnóstico totalmente contrario al problema que tenía Beatriz. Eso hizo que se le aplicara una adaptación curricular inadecuada, lo que provocó que el TEL se convirtiera en una patología “cognitiva e intelectiva de carácter irreversible”. “Al principio, no hicieron un diagnóstico. Tardaron cuatro años y se equivocaron, ya que dijeron que mi hija era una discapacitada mental, cuando todos los informes decían que no lo era y que presentaba un TEL. Por último, nunca han reconocido su error y han sido los tribunales los que nos han dado la razón”, aclara.

Argumentos. En este caso, la sentencia del TSJA es demoledora: “No puede considerarse como una actuación razonada y razonable por parte de la Administración (...) el hecho de mantener durante varios años que la hija de Eva María Blanca presentaba un retraso mental leve, cuando había varios informes que alertaban que la menor padecía un trastorno específico del lenguaje”, se dice en la sentencia. Es más, la propia Junta de Andalucía tenía reconocida una discapacidad del 33 por ciento a la joven por padecer un trastorno del lenguaje.

La familia lucha ahora por conseguir que Beatriz consiga su título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), ya que cursa cuarto curso. “Está sacando las asignaturas con mucho esfuerzo y trabajo, sin que nunca le hayan dado una beca, a pesar de su situación. Es una luchadora. Esperemos que no haya problemas para que pueda conseguir el título”, concluye la madre.