Cincuenta familias poceñas pueden escriturar sus casas

Todos contentos. Propietarios de las cincuenta viviendas de las calles Sevilla, Málaga y Córdoba de Pozo Alcón podrán escriturarse, una vez levantada la hipoteca que pesaba sobre los inmuebles. El pleno municipal votó a mano alzada y por unanimidad —es decir, con el apoyo del PSOE y de la oposición, formada por el PP y una edil no adscrita— un acuerdo en el que el Ayuntamiento se compromete a pagar a la Junta de Andalucía la deuda pendiente, que supera los 1,3 millones. En la operación se ponen bienes municipales como aval de la operación económica.

Se trataba de viviendas sociales estrenadas en 1985. Las familias abonaron durante los veinticinco años estipulados, es decir hasta 2010, sus mensualidades. Sin embargo, luego descubrieron que corporaciones municipales de esa época habían desviado para otros gastos el dinero de sus aportaciones. Esto suponía una abultada deuda con la Junta de Andalucía que impedía registrar los inmuebles a su nombre, a pesar de que había satisfecho “religiosamente” las cuotas correspondientes.

Los damnificados asistieron a la histórica sesión plenaria y no podía ocultar su satisfacción. En nombre de los afectados, José Francisco Monge, mostró a Diario JAÉN la alegría del colectivo y expresa el agradecimiento hacia el actual Gobierno y la oposición, así como todas las personas que, desde distintos rincones de España, los han apoyado.

En problema fue descubierto hace unos años cuando, una vez terminado el periodo de pago de cuotas estipulado, las familias comprobaron que pesaban cargas sobre las casas, lo que imposibilitaba escriturarlas. Pagar 25. En 2010 se termina de pagar. A lo largo de los últimos meses, los perjudicados promovieron múltiples movilizaciones, incluso en la reciente campaña para las elecciones andaluzas de hoy. Entre las medidas de presión, se promovió una recogida de firmas que, de acuerdo con los datos de los propietarios, consiguió alrededor de 2.5000 apoyos dentro y fuera del municipio de Pozo Alcón.

En el proceso incluso se optó por la vía judicial. Los componentes del grupo de afectados ganaron un juicio contra la Junta de Andalucía. La sentencia declaraba nulas las hipotecas que se formalizaron sin su conocimiento y las inscripciones registrales derivadas. La administración autonómica fue condenada a pagar las costas. Sin embargo, la resolución, dictada en Jaén, no es firme porque la Junta presentó un recurso. El conflicto se introdujo de lleno en el debate político regional, ya que el PP formuló una interpelación parlamentaria sobre el asunto de las viviendas al consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López. Ahora, tanto políticos como vecinos pueden respirar aliviados.