Fiscalía contra los homenajes

Araíz de la detención de Josu Ternera por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se produjo este pasado fin de semana una manifestación en apoyo a la liberación del que fuera líder de ETA que contaría, lógicamente, con los pertinentes permisos oficiales. En una sociedad democrática caben en el marco de la libertad de expresión y política este tipo de manifestaciones. Sin embargo, bien distinto es el enaltecimiento que, habitualmente, se hacen en este tipo de convocatorias o en los homenajes cuando los presos etarras vuelven a sus lugares de origen. En este sentido son muchos los colectivos, entre ellos los de víctimas, que consideran una humillación más a las víctimas del terrorismo tener que aguantar semejantes comportamientos que, sobre el papel, deberían estar perseguidos por la ley.

En estos casos la Fiscalía debería actuar para acabar con una impunidad dolosa para víctimas, familiares y buena parte de la opinión pública española. Lo que no es admisible es que nadie responda ante la justicia y tengan que ser las propias víctimas las que denuncien. Una dejación de funciones, por lo tanto, en el que deben coordinarse la policía y estamentos judiciales para que ser efectivos. La inacción, por elevación del Estado, debería sonrojar a una democracia europea que tiene tipificado como delito estos comportamientos. Una vez acabado con el terrorismo es necesario fijar el relato de las víctimas, preservar su memoria y controlar de manera legal que quienes los señalaron, se mofaron de sus desgracias, no sigan ocupando la calle para insultarles. Las leyes alemanas en cuanto a la persecución de la simbología nazi son un buen ejemplo en el que mirarse.