Fin de estado de alarma

El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cerrar el estado de alarma el 9 de mayo genera expectativas por un lado y, por otro, incertidumbre. Quienes tienen su actividad prácticamente paralizada desde que estalló la pandemia se frotan las manos ante una situación con la que sueñan desde hace ya demasiado tiempo, porque supone el final de una etapa oscura y el comienzo de una nueva en la que se vislumbra un halo de luz. El problema está en las comunidades autónomas, porque la decisión del Estado hará que sean los presidentes autonómicos los que tengan que determinar las medidas de restricción en cada momento, sin tutela a la que agarrarse si se producen fallos en el sistema. En la Junta de Andalucía consideran precipitada la iniciativa y critican el anuncio sin tener en cuenta los datos epidemiológicos una vez que llegue la fecha. El trasfondo está, evidentemente, en cuestiones políticas, porque todos dudan de que una prórroga pudiera ser respaldada por los grupos para que saliera adelante. Evidenciar en el Congreso de los Diputados un “no” rotundo significa mayor debilidad para el Gobierno. En cualquier caso, las autonomías necesitan que el Estado otorgue garantías jurídicas necesarias para afrontar una desescalada lenta y efectiva. Los datos, en este momento, apuntan a un riesgo importante en la mayor parte del mapa nacional y, si no hay agilidad en la administración de las vacunas, no será posible el fin del estado de alarma de una forma tan sumamente repentina. La responsabilidad social, individual y colectiva, juega un papel fundamental y es la perfecta aliada en la lucha contra un virus que, con su gran variedad de cepas, tiene al mundo en vilo.