El traspaso de financiación

Las comunidades autónomas están necesitadas de dinero ahora más que nunca, fundamentalmente porque la lucha contra la pandemia supone, todavía hoy, un desembolso importante en material y personal en todos los estamentos, aunque sobre todo en el sanitario. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, anunció ayer que el Gobierno transferirá en torno a 3.000 millones de euros como devolución de la liquidación del IVA del año 2017, un balón de oxígeno importante que supuso un perjuicio económico que terminó, en algunos casos, en sentencia judicial. Se suma este dinero a los fondos generados, precisamente, para afrontar los gasto ocasionados por la covid-19, un reparto que se hará con criterios de población ajustada. Sin embargo, la Junta de Andalucía interpreta la maniobra gubernamental como una drástica reducción en la financiación que el Estado tiene previsto con vistas al próximo año, lo que impactará directamente en la prestación de los servicios esenciales. Es una ministra andaluza, paradójicamente, la que tiene que responder a las peticiones de sus paisanos y, en este sentido, hay serias quejas sobre el tratamiento que la Administración central tiene hacia Andalucía, algo demasiado habitual y pasado de moda por el simple hecho de que se trata de dos instituciones con signos políticos encontrados. Las previsiones de financiación en relación a cuestiones como las entregas a cuenta, las liquidaciones del sistema de financiación o la capacidad de endeudamiento y margen de déficit son algunas de las cuestiones que se debatieron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, un encuentro importante para que los gobiernos autonómicos puedan hacer sus cuentas.