Cayetana blanquea la dictadura

Tras la polvareda causada por la cadena de ceses y dimisiones de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, en cuyas dependencias se ha producido una especie de “duelo al atardecer” entre el ministro Grande-Marlaska y el coronel Pérez de los Cobos, y su clan, en el que curiosamente parece haber sido más rápido el responsable civil que los miembros del instituto armado, quizá lo peor no haya sido el “rastro de sangre” dejado por la refriega, sino los efectos colaterales de la misma. Como suele suceder con políticos inexpertos, y mal asesorados, la rueda de prensa posterior en la que se pretendía informar sobre lo acontecido, no sirvió para calmar las aguas que venían bravas; más bien al contrario, supuso un nuevo aumento de caudal, hasta convertir el caso en un impetuoso torrente que puede haber arrasado la credibilidad del ministro. Porque, en política, como en otros ámbitos dependientes de la comunicación, el don de la oportunidad es lo más apreciado, o lo que más te desprecia, según los casos. No profundizaremos en la posible ambigüedad de los argumentos que motivan la decisión, o en la falta de convicción a la hora de transmitirlos, tampoco nos fijaremos en la conveniencia o no de la medida en momentos de emergencia sanitaria y, por tanto, de máximo desvelo para los mandos al frente del operativo, que han sido cesados; todos estos aspectos pueden estar sujetos a apreciaciones subjetivas, por lo que es mejor alejarnos de ellas. Que cada cual decida según su propia opinión. Sin embargo, un anuncio en apariencia secundaria en relación al meollo del asunto, un anuncio que parece concebido —un tanto groseramente, la verdad— para contrarrestar el malestar causado en el seno del cuerpo armado, como es la subida del 20 por ciento del salario de los agentes de la Benemérita y de la Policía Nacional, ha levantado serias ronchas de indignación en muchos sectores de la sociedad. “Porque se lo han ganado”, justificó el ministro. Y nadie alberga dudas de que estos funcionarios hayan cumplido ejemplarmente con su trabajo. Pero en los tiempos que corren, con una depresión económica sin precedentes, con una caída del PIB del 12 por ciento, con un aumento súbito de cuatro millones de parados, paliados por unos Ertes costosísimos para el Estado, con una enorme bajada de la recaudación y un aumento preocupante de la deuda pública, con un cierre comercial masivo que arrastra a la quiebra —o a la precariedad y al sufrimiento— a autónomos y empresarios, con un bloqueo histórico de la actividad turística, con filas de necesitados guardando cola en los comedores sociales, la inoportunidad de anunciar semejante subidón a unos 170.000 agentes no es que sea evidente, es que es lacerante, indecoroso e impresentable. Incluso proyectará una imagen negativa a estos cuerpos de seguridad, cuya generosa labor se verá disminuida al ser cuantificada económicamente. Además, no quedará ahí la cosa; igualmente, esta medida habrá de propiciar una corriente o reivindicativa o de agravio en toda la diversa Administración estatal, que con tanta dignidad ha respondido a la urgencia del momento. Si los guardias civiles y policías nacionales han de ser compensados de esta manera por su trabajo, qué se ha de hacer entonces con los sanitarios de las autonomías, o con los operarios de limpieza y policías locales, o con el ejército y los funcionarios de prisiones de la administración general; y yendo un paso más allá: ¿acaso no serían también merecedores de reconocimiento económico aquellos funcionarios que han “mantenido el Estado” desde sus casas, improvisando métodos de teletrabajo para que la educación funcione, los Ertes se gestionen, las pensiones se cobren y se recauden los impuestos? Atendiendo a la lógica del ministro Grande-Marlaska, así debería ser; pero atendiendo a la situación angustiosa que vive el país, en ningún modo. Porque no es el momento de las recompensas económicas, sino la hora de los valientes, del honor y del servicio generoso a la patria. Así lo han hecho los funcionarios, todos lo hemos visto; una compensación económica en momentos de tanto apuro para millones de compatriotas roza casi la deshonestidad, por lo que las subidas salariales deben quedar para tiempos mejores. Lo que sí se han ganado, sin lugar a dudas, es el reconocimiento de la sociedad.

Cayetana Álvarez de Toledo, marquesa de Casa Fuerte y portavoz del Partido Popular en el Congreso, equipara el terrorismo con la lucha por alcanzar la democracia y libertades que ahora gozamos, en este caso acusando al padre de Pablo Iglesias, que en 1973 fue detenido por el régimen dictatorial al repartir propaganda a favor del primero de mayo. Confundir la violencia ciega terrorista con la defensa de las libertades, da que pensar sobre sus vaporosos principios democráticos. Intuyo dos cosas, o ambas a la vez: mala fe o un intento de blanquear el franquismo haciendo ver que quien se oponía a ese régimen autoritario castrense carente de todo tipo de libertades era terrorista. Es
como acusar a los miembros de la resistencia al fascismo de la Segunda Guerra Mundial de terrorismo. Cuando hay una
dictadura, sin libertades, ni partidos, ni sindicatos, ni elecciones libres, lo que sin duda sí es terrorismo, y de Estado, es detener a la gente para matarla, torturarla o privarla de libertad.