Sobre la crisis social

Frente a la crisis que ha sufrido la mayoría de la población en nuestro país, y que aún continúa sufriendo, nos encontramos una y otra vez con el mensaje promovido por el poder político y mediático de que habiendo salido ya de la crisis existe una recuperación del bienestar de esa mayoría de la población. Parece como si esos poderes no fueran conscientes de que la grave crisis social ha sido consecuencia en gran parte de las políticas públicas aplicadas por ellos mismos cuando gobernaban el Estado. Al parecer todos están tan absorbidos por el tema nacional e interterritorial que no se dan cuenta de que la crisis social continúa y que en el caso de que sigan aplicando las políticas públicas que la han causado, puede llegar a niveles insoportables para las clases populares.

Pero el monotema sigue siendo el catalán, el mal llamado tema territorial, ese que involucra al movimiento secesionista catalán, que aunque es minoritario en Cataluña tiene mayoría en su Parlamento, y al Estado central. Este es el tema que sigue centrando el debate político. Al igual que sucedió en el debate de investidura del candidato del PSOE a la presidencia del gobierno. Tanto las derechas, PP y Cs, influidos por la ultraderecha de Vox, centraron el ataque a su candidatura acusándolo de traidor a la patria; a lo que el candidato respondió reafirmando su compromiso con la defensa de la visión uninacional dominante que tiene el Estado español. Una vez más unos y otros obviaban la gran crisis social existente en nuestro país. No era de esperar que ninguno de estos partidos quisiera mostrarnos que fueron las derechas superpatriotas españolas y catalanas y el mismo gobierno anterior del PSOE, el de José Luis Rodríguez Zapatero, los que habían causado esa crisis social. Una vez más el tema nacional sirvió para ocultar el tema social, evitando que se denunciara y se expusiera a los responsables de esa tremenda crisis social, y que no son otros más que los superpatriotas del nacionalismo unionista y secesionista.

Lo que no se puede ocultar son los datos. La realidad es que el crecimiento económico ha beneficiado mucho más a las rentas superiores que a la mayoría de la población. Del aumento de la renta creado por el crecimiento, el 1% de renta superior de la población se ha quedado con un 12%, mientras que el 50% de la población se ha quedado solo con un 9%. Somos el país de la Unión Europea, detrás de Bulgaria, donde más intensamente han crecido las desigualdades en ingresos, la distancia entre el decil de hogares con mayores ingresos y el de menos ingresos ha pasado de ser 9,7 veces en 2008, inicio de la Gran Recesión, a 12,8 veces en 2017. El año pasado, por cada puesto de trabajo que se creó en el régimen de trabajadores por cuenta ajena se necesitaron firmar 43,4 contratos de trabajo, cifra singularmente alta si se compara con 2017, cuando se necesitaron 34,7 contratos para crear un puesto de trabajo. Es, incluso, superior a la que se registró en 2015 y 2016, años ya de recuperación económica, en los que se precisaron alrededor de 40 contratos para crear un empleo. Es decir, que lejos de reducirse la precariedad laboral, va en aumento. La tasa de riesgo de pobreza ha pasado del 19,8% en 2008 a un 21,5% en 2018. Y la tasa de desempleo ha pasado de un 9,6% en el primer trimestre de 2008 al 14% en el primer trimestre de 2019. Otros indicadores muestran un deterioro semejante.

Las causas más destacadas de este deterioro son las políticas públicas neoliberales, las reformas laborales, las políticas de austeridad, las políticas fiscales regresivas aplicadas por nuestros gobiernos, primero por el PSOE de Zapatero y luego por el PP de Rajoy, con el apoyo este último de Ciudadanos. La verdad es que estas políticas consiguieron su objetivo, reducir el poder del mundo del trabajo en beneficio del mundo del capital y de las rentas superiores; y reducir las conquistas adquiridas por las clases populares en períodos anteriores a la Gran Recesión aunque eso supusiera un impacto muy negativo en el bienestar de esas clases populares y en la eficiencia económica del país.