Reforma de las pensiones
En las postrimerías del pasado mes de junio el gobierno de España, las patronales CEOE y CEPYME, junto a los sindicatos CCOO y UGT, cerraban un primer acuerdo sobre la reforma de las pensiones. No cabe la menor duda de que esta es una buena noticia, más si tenemos en cuenta que este es el primer pacto sobre pensiones en muchos años y que el sistema público requiere de una urgente y profunda reforma para garantizar su viabilidad y sostenibilidad temporal. El siguiente paso se ha dado con la aprobación del correspondiente proyecto de ley por el Consejo de Ministros del pasado 6 de julio. Para que la reforma entre en vigor aún ha de pasar por su tramitación en el Congreso de los Diputados, previsiblemente tras el periodo estival.
El alcance de las modificaciones previstas, a pesar de ser importantes, es limitado. Así, el primer aspecto que se ha de mencionar es el relativo a la revalorización. La reforma prevé que las pensiones se revisen anualmente en función de la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC) del año anterior, lo que permite garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo. En el caso de que la tasa de inflación sea negativa, la pensión se congelará, es decir, no se reducirá, con la consiguiente ganancia en la capacidad de compra del pensionista. Con ello se pone fin al denominado Factor de Revalorización Anual de 2013, que tomaba en consideración los ingresos y gastos del sistema para fijar las subidas.
Otro de los objetivos que se persigue con la reforma es el de acercar la edad real de jubilación a la legal, para lo cual se incentiva a quienes la retrasen y se penaliza a los que la adelanten. En concreto, el proyecto de ley prevé una bonificación del 4 por 100 anual sobre su pensión a quienes retrasen la jubilación tras cumplir la edad legal. Alternativamente a este incremento porcentual de la pensión se les ofrece un pago único extra, que oscilaría entre los 4.786 y 12.060 euros, dependiendo del importe de la pensión y del tiempo cotizado. Asimismo, la reforma en marcha prevé un endurecimiento de los coeficientes reductores para los que opten por jubilarse anticipadamente. Dependiendo de los años cotizados y de los meses en que se adelante el retiro, la penalización fluctuará entre el 2,8 y el 21 por 100, en el caso de las jubilaciones ordinarias, o entre el 0,5 y el 30 por 100 si el acceso a la misma es tras un despido.
Otro aspecto que se afronta en la reforma, y que es tremendamente importante para avanzar hacia el equilibrio financiero del sistema público de pensiones en España, es el relativo a los gastos no contributivos, es decir, aquellos que no tienen una relación directa con las cotizaciones realizadas para tener derecho a la pensión. Por ejemplo, pensiones no contributivas (las que perciben los que no han cotizado o lo han hecho de forma insuficiente y no tienen recursos para sobrevivir), pensiones de viudedad u orfandad, bonificaciones y reducciones en las cotizaciones derivadas de las políticas sociales puestas en marcha por los correspondientes gobiernos, etcétera. Estos son gastos que habrán de afrontarse en los Presupuestos Generales del Estado y no mediante los recursos de un sistema profesional de la Seguridad Social (se cotiza para percibir la prestación por jubilación), tal y como es el español. Pues bien, en la norma que se tramitará en el Congreso se prevé que el Estado abone una suma de 22.000 millones de euros anuales a la Seguridad Social para afrontar estos gastos impropios y ayudar al mantenimiento y sostenibilidad del sistema.
Parece más que evidente que los aspectos objeto del pacto social y su traslación al proyecto de ley van en la dirección adecuada, cual es la de garantizar una pensión digna y sostenible a nuestros jubilados. Lógicamente aquí no acaba la reforma, puesto que quedan otros elementos que ya fueron acordados en el Pacto de Toledo. Habrá que seguir, esta será una reforma “por entregas”, pero a la que hay que dar todo el apoyo, puesto que es una reforma pactada y en la dirección adecuada. Solo me queda la quimera de desear que no se haga política partidista con las pensiones.