Planes de pensiones de empresa

    23 ago 2021 / 18:55 H.
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    El artículo 41 de la Constitución española de 1978 establece que: “Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”. Es éste el artículo de nuestra Constitución en el que se apoya el Pacto de Toledo para fomentar los denominados planes de pensiones de empresa, como alternativa complementaria del actual sistema público de pensiones. En suma, estos planes están llamados a constituirse como el “segundo pilar” de nuestro sistema de previsión social ante la jubilación.

    Es evidente que no serían necesarias soluciones complementarias si el actual sistema público de reparto (“primer pilar”) fuera suficiente, viable y sostenible. No obstante, el creciente número de pensionistas (9.854.685 en junio de 2021) y el gasto en pensiones (10.180 millones de euros en el mismo mes del actual ejercicio), hacen que la situación sea absolutamente insostenible a medio plazo, ya que el saldo no financiero de la Seguridad Social presenta déficits continuados desde 2011, con una insuficiencia estructural del sistema que se estima de entre un -1,3 y -1,5 por 100 del PIB, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

    Como es conocido, a raíz de las resoluciones del Pacto de Toledo para la reforma de las pensiones, el Gobierno de España está adoptando, tras los correspondientes acuerdos con los agentes económicos y sociales, una serie de iniciativas legislativas tendentes a garantizar pensiones dignas y sostenibles a los jubilados. Así, en el pasado mes de julio aprobó un proyecto de ley en el que se contempla, además de la actualización anual de las pensiones con la evolución del IPC, el acercamiento de la edad real de jubilación a la legal (en 2027 estará fijada en 67 años), mediante incentivos al retraso en el acceso a la misma y penalizaciones a los que opten por anticiparla. Además, se prevé una aportación anual de 22.000 millones de euros, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, para financiar los gastos impropios o no estrictamente contributivos del sistema.

    Una de las medidas pendientes de impulsar es la de los planes de pensiones de empresa, que actualmente tienen muy pocas compañías y del que gozan apenas un 12 por 100 de los trabajadores españoles. De hecho, los fondos depositados en estos planes en España apenas suponen el 2,8 por 100 del PIB, mientras que en Italia es el 6,6; en Portugal el 9,4; en Finlandia el 49,7; en USA el 78,9 y en Suiza el 127,4 por 100, de sus respectivos PIB. En suma, se tratarán de impulsar estos planes de empresa voluntarios entre la población ocupada, autónomos y empleados públicos, de forma que destinen a los mismos una parte de su ahorro, con vistas a complementar la pensión pública que en su momento les corresponda.

    ¿Cómo funcionaría? Desde el gobierno se suele mencionar el modelo británico, en el que todas las empresas deben incluir a sus trabajadores, aunque los mismos pueden optar por salirse del sistema. Además, se creará un fondo público para facilitar que las pymes y los autónomos puedan acceder a estos planes. De hecho, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya se prepara un concurso para sacar a licitación la gestión del futuro fondo público de pensiones de empresa. La voluntad de su impulso por parte gubernamental ha quedado puesta de manifiesto en las ventajas fiscales concedidas a los mismos. Así, en 2021 las desgravaciones en el IRPF por aportaciones a planes de pensiones de empresa se elevan a 10.000 euros (hasta 2020 eran 8.000), mientras que se reducen los beneficios fiscales de las aportaciones a los planes individuales desde los 8.000 euros vigentes en 2020 hasta los 2.000, que será el techo del actual ejercicio fiscal.

    Ninguna de las reformas emprendidas, ni las que quedan por impulsarse, serán la panacea para resolver la insuficiencia del sistema público de pensiones, pero no cabe duda de que todas suman.

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