Nuestra democracia

    07 feb 2020 / 08:41 H.
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    C ada vez que hay unas elecciones legislativas me sorprende la manipulación al presentar los datos. Rara vez se nos plantea que la composición del parlamento no refleja la verdadera realidad de las distintas sensibilidades políticas. Se insiste al analizar los resultados electorales en la falsedad de que los votantes están divididos en dos mitades similares, cuando los datos han mostrado en casi todas las votaciones que eso no es cierto. El gran dominio del pensamiento conservador y neoliberal en los grandes medios de información en nuestro país hace que se nos presente una realidad que a base de repetirse se convierte en una supuesta verdad. Se parte también del supuesto de que tanto en el Congreso como en el Senado se refleja la voluntad popular expresada a través del voto, ignorando el sesgo tan marcado que existe en nuestro sistema electoral, que limita la expresión de la voluntad popular en gran medida. Si echamos un vistazo a los datos que se desprenden del número de votos en las diferentes elecciones a las Cortes desde el inicio de nuestra democracia podemos ver que los votos de los partidos de izquierdas marcaban una enorme diferencia frente a los votos de las derechas. En 1982 hubo una diferencia de 2.677.061 en las elecciones legislativas, en 1986 fue de 1.460.497, en 1989 fue de 2.174.278, en 1993 fue de 2.014.027, en 1996 fue de 1.250.822, en 2004 fue de 2.152.514, en 2008 fue de 1.486.896, en abril del año pasado fue de 1.500.000 y de casi un millón en noviembre. Al analizar las últimas elecciones se olvidan estos últimos datos y se insiste en que el candidato de izquierdas obtuvo la presidencia por dos escaños de diferencia, interpretación bastante equivocada.

    El objetivo del diseño electoral, tal como reconocieron protagonistas como Herrero de Miñón, fue el de debilitar a la izquierda. Este modelo, aparte de discriminar a los partidos de izquierdas, muestra el dominio de las fuerzas conservadoras en el diseño del proceso electoral y durante toda la Transición. La ley de Reforma política de 1976, aprobada por la dictadura durante el periodo preconstitucional Monárquico, y el Real Decreto de la Ley Electoral de Marzo de 1977 han sido las bases de nuestro sistema electoral, reflejado en nuestra Constitución que estableció la provincia como unidad básica del sistema.

    Los objetivos se han cumplido: reforzar a las derechas y debilitar a las izquierdas; favorecer el sesgo conservador de las zonas rurales poco pobladas magnificando su representación frente a las provincias urbanas más pobladas y más progresistas; asignar los escaños, según la Regla de Hont, para facilitar la concentración de estos en los partidos mayoritarios, PP y PSOE, protegiendo el sistema bipartidista y, por supuesto, dando ventaja al primero. Otro objetivo cumplido ha sido el de dificultar la formación de mayorías parlamentarias y estimular la abstención de las izquierdas, ya que la mayoría de la población capta el desfase entre su participación en el proceso electoral y la respuesta del Estado a sus deseos manifestados en las votaciones. Esta distorsión lleva al escepticismo de la mayoría de la población que considera que todos los políticos son iguales y es una de las causas de la poca confianza de los ciudadanos hacia nuestra clase política.

    Otro dato curioso es el del CIS de 2019 donde votantes de partidos como el PNV expresaron estar acuerdo con que se mejoraran los servicios públicos, aunque supusiera pagar más impuestos. Y así lo expresó el 72% de sus votantes, al igual que un 42% de los que votaban al PP, un 41% de los votantes de C´s y el 40% de los votantes de Vox. No podemos olvidar que las propuestas progresistas que han hecho PSOE-UP cuentan también con el apoyo de grandes sectores de votantes de estos partidos; medidas como subir los impuestos a las clases pudientes o la universalización de derechos laborales, sociales y políticos cuentan con el apoyo de la mayoría de la población, pero tenemos un sistema electoral donde se da por sentado que el votante apoya todas las medidas del partido que vota, cosa que no es cierta.

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