La última
razón

La semana pasada el Congreso, partido en dos, aprobó una futura Ley que constituye la antítesis de lo que debe ser una norma que aspira a regular la educación de los españoles del futuro, con los votos justos para pasar, sin oír a nadie, ni siquiera al Consejo de Estado, por las prisas de contentar a socios insaciables y pagar favores presupuestarios. La norma, de dudosa constitucionalidad, atropella el artículo 27 y roza alguno más, iguala por abajo a todos los alumnos, permite pasar de curso con asignaturas suspensas del anterior y excluye cualquier pretensión de calidad en pro de un igualitarismo malinterpretado; obstaculiza el derecho de los padres a elegir la educación que deseen para sus hijos, dificulta la educación concertada, tiende a limitar la especial de alumnos con singulares necesidades y pone fin a la religión en las aulas cuya historia es un pilar de la civilización como el latín y las humanidades. La ministra Celaá para quien los hijos no son de los padres sino del Estado, impone ideología. La última razón de este engendro la oí a un maestro sabio, por cierto, de la pública: “Esta ley no vale porque no hubiera salido sin el voto de los que no quieren ser españoles”.