La balanza y el embudo

Otra respuesta más al por qué la justicia está politizada la estamos viendo en vivo de manos de la Sala II del Supremo que pide la inhabilitación de un parlamentario de UP condenado por violencia contra la policía. La interpretación de un mismo juicio es la hemeroteca de todas sus contradicciones. Un espejo de lo que ahora se habla sucedió en 2016 cuando un diputado de Equo sancionado como autor de resistencia a la autoridad y una falta de lesiones, saldó con una multa su condena. Otro reflejo por la misma cara del cristal con que se mire, lo protagonizó un parlamentario cántabro que había sido condenado a un mes y un día de arresto mayor, corría 1992 y el Tribunal Constitucional sentaba doctrina anulando la expulsión del diputado porque la pena no conllevaba ni siquiera el cese temporal de su trabajo. Calcado pues a lo que hoy nos ocupa, salvo que esta vez es el Supremo quien quiere echar a un parlamentario, aun sabiendo que la sentencia no contempla esa medida. A día de hoy solo los políticos corruptos y los condenados por rebelión se han visto obligados a dejar sus escaños. A veces la justicia acierta.