Impuestos autonómicos

    20 sep 2021 / 17:03 H.
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    En los primeros días de septiembre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció la supresión de todos los tributos propios de la región autonómica. De hecho, ya en estos momentos Madrid es la comunidad que menos tiene (3), frente a los 19 de Cataluña, los 8 de Andalucía, los 7 de Asturias o los 6 de Galicia, Murcia y Aragón. Antes de opinar sobre esta propuesta, analicemos lo que son y representan los impuestos propios en el conjunto de la financiación autonómica en España. La Constitución de 1978 contempla que las comunidades autónomas pueden asumir competencias, lo que requiere que las mismas cuenten con la adecuada financiación. Como es conocido, la Carta Magna prevé dos regímenes: a) El régimen foral o de concierto (País Vasco y Navarra), con el que estas dos comunidades recaudan en su territorio la mayoría de los tributos estatales y aportan un “cupo” anual para el sostenimiento de las cargas comunes del Estado; b) El régimen común, establecido en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) de 1980, para las restantes 15 comunidades. Aunque no es el caso que nos ocupa en este artículo, sí que hay que dejar dicho que el régimen foral es mucho más favorable para la financiación de las regiones que lo disfrutan.

    Dando un paso más, se ha de señalar que los recursos de que disponen las comunidades para llevar a cabo su actividad provienen de distintas fuentes: 1) Financiación incondicionada, integrada por la denominada “Participación en los Ingresos del Estado” (PIE), que tradicionalmente ha sido la fuente principal de recursos (hoy ya no) y los “Tributos y tasas cedidos”, que en la actualidad son los Impuestos sobre el Patrimonio, sobre Sucesiones y Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Tasa sobre el juego, el 50 por 100 del IRPF, 50 por 100 del IVA, 58 por 100 de los Impuestos Especiales (tabacos, hidrocarburos y bebidas alcohólicas) y el 100 por 100 de los impuestos sobre electricidad, matriculación de vehículos y venta minorista de hidrocarburos; 2) Financiación condicionada, con recursos de obligado destino para sanidad y educación (hoy ya desaparecida tras el incremento de los tributos cedidos) y el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), cuyo fin es corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer frente al principio de solidaridad; 3) Financiación propia, donde se integran las operaciones de endeudamiento, los ingresos de su patrimonio, los recargos autorizados sobre los tributos estatales y los creados por las propias comunidades autónomas.

    La Lofca daba opción a que las comunidades autónomas pudieran crear impuestos autonómicos. En un principio hubo cierta reticencia, pero con los años se han ido creando y al día de hoy contamos con 85 de estos tributos, algunos de ellos suspendidos por los tribunales de justicia. Las únicas limitaciones son que no se establezcan sobre hechos ya gravados por ayuntamientos o el Estado, ni graven negocios, actos o hechos producidos en otras comunidades. Para hacernos una idea sobre su naturaleza, los que están vigentes en Andalucía son los impuestos sobre tierras infrautilizadas, sobre depósito de residuos peligrosos, sobre emisión de gases a la atmósfera, sobre vertidos a las aguas litorales, sobre las bolsas de plástico de un solo uso y canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración, además de dos que han sido suspendidos por la existencia de otros estatales.

    La eliminación de estos impuestos en la Comunidad de Madrid supone lo que castizamente se denomina como el “chocolate del loro”, ya que apenas representan el 0,02 por 100 de la recaudación total y tan solo suponen 0,7 euros por habitante y año. No obstante, dará juego a la “lideresa” como adalid de las rebajas impositivas. Lo que es realmente urgente es la reforma del modelo de financiación autonómica, pendiente desde hace una década, ya que en 2019 un andaluz recibía 2.833 euros al año de financiación, frente a los 3.321 de los cántabros o los 2.617 de los valencianos. Estas diferencias son injustas, sin paliativos.

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