Daño a la democracia

El balance final de lo ocurrido con el impuesto de actos jurídicos documentados es uno de los peores posibles, a mi modo de ver: lo que sale dañado no es el Supremo, los bancos, el gobierno nacional o los autonómicos, que también, sino la democracia. La nefasta gestión del Supremo de este asunto, rectificándose a sí mismo, debilita un poco más esa institución sin necesidad de que nadie la empuje. Los bancos se alejan de la ciudadanía cuando hablan para comentar que repercutirán las decisiones judiciales o ejecutivas en el consumidor. El ejecutivo deja un tufo de oportunismo en la decisión de modificar la sentencia vía decreto ley cuando eso se podía haber hecho hace años y nadie lo hizo. Y las comunidades autónomas podían haber impuesto un tipo más bajo, y muchas no lo hicieron. A mi modo de ver, la clave no era quién paga a partir de ahora sino la retroactividad, si bancos o comunidades autónomas hubieran tenido que pagar o devolver lo de años atrás. Eso hubiera creado “inseguridad”, como se ha dicho.Los consumidores vamos a tener que seguir pagando el impuesto, si no directa, indirectamente (ya se encargarán los bancos de eso) y por el camino se le ha dado un golpe a varias de las instituciones que soportan la democracia. Y eso nos debilita a todos más que un impuesto.